La Secretaría de Industria y Comercio imputó a 94 empresas por incluir en sus facturas tasas o cargos ajenos a los bienes y servicios contratados.
lunes 20 de enero de 2025
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SUSCRIBITELa medida afecta a compañías de 14 provincias del país.
Cargos extra en las boletas de los servicios públicos.
La Secretaría de Industria y Comercio imputó a 94 empresas por incluir en sus facturas tasas o cargos ajenos a los bienes y servicios contratados.
Asimismo, abrió 112 nuevos expedientes para determinar el incumplimiento de la norma.
Se abrieron sumarios a empresas de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, según la información oficial.
Las imputaciones corresponden por no cumplir la Resolución 267/24 vigente desde el 11 de octubre.
“Una vez recibidas las notificaciones, las empresas tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo”, explicó al cartera gubernamental.
Cumplido ese plazo, la Secretaría de Industria sancionarlas por no cumplir con previsto por la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, que contempla multas de hasta $2.130 millones de pesos.
En noviembre, la Secretaría ya había imputado a 95 empresas por el mismo motivo.
En esa oportunidad se habían abierto sumarios a empresas de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
La Resolución 267/24 establece que las empresas sólo podrán incluir en sus facturas única y exclusivamente la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado.
A principios de diciembre, el Juzgado Federal de la Ciudad de Córdoba N°1, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, hizo lugar a las medidas cautelares pedidas por el Banco Nación para suspender las tasas que cobran las Municipalidades de Córdoba y Jesús María.
Los argumentos de la entidad financiera se basan en que las ordenanzas que sostienen estas tasas son inconstitucionales, le imponen un tributo municipal desproporcionado sobre una base imponible que excede la actividad que la entidad tiene en las respectivas ciudades y que el efecto final es un aumento en los costos de los créditos.
Las ciudades de Córdoba y Jesús María integran el ranking -llevado adelante por el Banco Nación- que agrupa los 50 municipios más gravosos del país en orden a las Tasas de Servicios que cobran.
En ese grupo los gravámenes municipales igualan la nómina salarial que tiene el Banco en cada localidad y ponen en riesgo su presencia física.
Cabe destacar que el BNA viene obteniendo cautelares similares en diferentes jurisdicciones del país como son el caso de General Deheza, La Plata y Bariloche.
"Estas medidas cautelares tienen un plazo de 180 días o la resolución de fondo del asunto. Celebramos la comprensión de la Justicia para abrir una instancia de racionalidad y resolver el obstáculo que significan estas tasas municipales para lograr el desarrollo del crédito en el país, especialmente el hipotecario”, destacó el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard.