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SUSCRIBITELos fondos remanentes que queden tras el cierre se transferirán al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Etapa cumplida.
El Gobierno nacional dispuso el cierre del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y decidió el cese inmediato de las contribuciones obligatorias que los establecimientos vitivinícolas pagaban para financiar el programa.
Lo hizo a través de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial.
A partir de esta decisión, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) dispone de un plazo de tres meses para presentar un informe final que incluya el rendimiento de cuentas, el uso de recursos y el grado de cumplimiento de las metas originales.
Los fondos remanentes que queden tras el cierre se transferirán al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
El Poder Ejecutivo recordó que el plan estratégico fue concebido con un horizonte temporal que culminaba originalmente en el año 2020.
Al haberse cumplido el plazo, "corresponde declarar la finalización de las contribuciones obligatorias" y de cualquier otra fuente de financiamiento público nacional, debido a que terminó la finalidad que motivó su creación, resaltó la normativa.
El documento aclaró que la intención original de la ley era que el plan durara 15 años desde su implementación.
Respecto a la continuidad de la entidad gestora, la resolución especifica que "esto no implicará la disolución ni liquidación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), la cual seguirá existiendo" bajo los términos de la ley que la creó.
Sin embargo, la Secretaría determinó que COVIAR no tiene facultades para resolver unilateralmente una prórroga del plan estratégico.
El organismo nacional instruyó al INV para que deje de percibir los fondos correspondientes a los establecimientos del sector.
Según el documento, la decisión busca evitar un enriquecimiento sin causa al finalizar el programa con recursos todavía disponibles.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que desde 2004 “todas las bodegas y productores del país pagaban una contribución obligatoria por elaborar, por embotellar y por vender”.
“Los tres pagaban por cada litro elaborado de vino y mosto, por cada litro embotellado de vino, por cada litro vendido de mosto, y por cada kilo de uva que ingresaba a los establecimientos procesadores", indicó el funcionario.
Y señaló que "ese tributo no iba al Estado sino que iba a financiar a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), una entidad conducida por el sector privado y cuyo objetivo era implementar el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI)".
"El PEVI prometía posicionar a la Argentina entre las industrias vitivinícolas más destacadas del mundo, alcanzar exportaciones por US$ 2.000 millones anuales y capturar el 10% del volumen del comercio mundial de vinos para el año 2020”, ilustró Sturzenegger, quien dijo que este objetivo no se cumplió.