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Política de Estado

El objetivo del Gobierno es la "modernización" del mercado laboral

La meta estará puesta en crear "empleo privado de calidad".
Somos Pymes | Redacción Somos Pymes
Por Redacción Somos Pymes 29 de diciembre de 2023 - 13:20

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó que uno de los objetivos de las reformas implementadas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación es la "modernización" del "esquema laboral".

En una señal abierta al sindicalismo argentino, el funcionario remarcó que "hace 10 años que Argentina no crea empleo privado de calidad".

La "modernización" del mercado laboral

En su habitual conferencia de prensa, Adorni afirmó que los salarios "son de los más bajos de la región" y que en "buena parte de la economía de los trabajos son informales".

Por otro lado, aclaró que el monto del bono que en febrero se pagará a los jubilados "aún no está definido", si bien el aporte extra para el sector previsional para el mes de enero será de "55 mil pesos".

"Está estipulado otro bono para febrero pero aún no está definido el monto", señaló el portavoz oficial.

El Gobierno reprochó a la Confederación General del Trabajo (CGT) haber convocado a una huelga general en protesta contra las amplias reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.

"Nos pareció llamativo que la dirigencia sindical esté en contra de las reformas que proponemos para el mundo del trabajo cuando la situación económica es crítica", exclamó Adorni, quien reivindicó la necesidad de modernizar la normativa laboral.

Por último, Adorni justificó la decisión del Gobierno argentino de no participar del bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) al argumentar que el "cambio" en materia de política internacional "amerita un proceso de análisis mucho más profundo que el que entendemos se había tomado con el Gobierno anterior".

"¿Por qué esta dirigencia sindical hizo el último paro en 2019?", se preguntó Adorni

La medida de fuerza de la CGT

El jueves, la Confederación General del Trabajo resolvió hacer una huelga general y una concentración frente al Congreso de la Nación el próximo 24 de enero, un día antes de la fecha en la que el Ejecutivo pretende que se vote en el Parlamento el polémico paquete de reformas.

La central sindical, de raigambre peronista y que no lanzaba una medida de este tipo desde el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), ya se había movilizado el miércoles para protestar contra un decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por Milei para desregular la economía, un instrumento que entró en vigencia este viernes.

El vocero presidencial llamó la atención sobre el hecho de que la CGT no hubiera convocado huelga alguna durante la administración de Alberto Fernández cuando, en su opinión, se dejó a los trabajadores con "malos salarios" y en buena parte en la informalidad.

"No hay precedente de haber llamado a un paro general de una manera tan rápida desde la asunción de un nuevo Gobierno, cuando la herencia que ha recibido este Gobierno es absolutamente brutal", enfatizó el portavoz.

Al decreto presidencial se sumó el pasado miércoles el envío al Parlamento por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley en virtud del que se declara una emergencia pública en Argentina hasta finales de 2025 -prorrogable por otros dos años-, período durante el cual se delegan al presidente amplias facultades legislativas en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.

El proyecto de ley incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras, una flexibilización laboral y facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas públicas y tomar deuda pública.

Además, entre sus 664 artículos, la iniciativa incluye uno que aprueba en su totalidad el decreto del pasado 20 de diciembre.

Al respecto, Adorni aseveró que el decreto es "legal, constitucional y está enfocado íntegramente en la suma de libertades" por lo que "no hay ninguna razón para que judicialmente se declare inconstitucional".

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