El Gobierno nacional amplió el alcance del plan para cancelar deudas de obra pública incorporando las referidas al mantenimiento de rutas nacionales.
viernes 07 de agosto de 2026
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SUSCRIBITESe extiendió el plazo de adhesión.
La tramitación del proceso.
El Gobierno nacional amplió el alcance del plan para cancelar deudas de obra pública incorporando las referidas al mantenimiento de rutas nacionales.
Lo hizo mediante la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La normativa incorporó al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública a las deudas por adquisición de materiales y provisión de servicios para el mantenimiento, conservación, operación y control de la Red Vial Nacional.
Esta ampliación beneficiará de forma exclusiva a las contrataciones realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) bajo los regímenes de los decretos de contratación del Estado 1023/2001 y 1030/2016.
La medida alcanza a las deudas devengadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.
La nueva resolución, instrumentada por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, brinda una aclaración en las condiciones de adhesión para evitar futuras controversias administrativas o judiciales y dotar de seguridad jurídica a los convenios.
Bajo el diseño inicial del régimen, los contratistas que se adherían debían firmar un acta acuerdo que implicaba la renuncia a cualquier tipo de reclamo o crédito relacionado con el contrato en cuestión.
Ahora, se delimita el alcance de esta exigencia, ya que la renuncia se circunscribe únicamente a los créditos y reclamos devengados entre 2022 y 2025.
Asimismo, se exceptúan de esta renuncia las acreencias que resulten de certificados, redeterminaciones de precios o actos administrativos que estén pendientes de emisión, aprobación o dictado al momento de suscribirse el acuerdo.
Las empresas contratistas que se adhieran al régimen conservarán el derecho a percibir o reclamar por aquellos trámites que todavía sigan pendientes de resolución en las oficinas estatales.
Debido a estos cambios de fondo y con el fin de asegurar una mayor concurrencia de los contratistas registrados, el Gobierno prorrogó el plazo para solicitar la adhesión al régimen hasta el 12 de agosto de 2026, inclusive.
Este régimen simplificado permite cancelar obligaciones del Estado mediante la entrega de títulos públicos.
Abarca conceptos de certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios correspondientes al período 2022-2025.
