El Poder Ejecutivo inició conversaciones con empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de la operación de Aerolíneas Argentinas.
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SUSCRIBITESe busca "terminar con la extorsión permanente de los gremios" de la compañía.
El Poder Ejecutivo inició conversaciones con empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de la operación de Aerolíneas Argentinas.
Así lo informó el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en rueda de prensa desde Casa Rosada.
"En virtud de los persistentes paros convocados por los sindicatos aeronáuticos, que afectan a cerca de 40.000 pasajeros, el Gobierno ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de Aerolíneas Argentinas en caso de que continúen las extorsiones con este tipo de medidas", expresó el vocero.
A primera hora del jueves, una parte del gabinete se reunió con el objetivo de ver como se puede "terminar con la extorsión permanente de los gremios de Aerolíneas Argentinas", indicó la cuenta de la Jefatura de Gabinete en la red social 'X'.
El anuncio se produce a la par de la puesta en marcha de un nuevo paro en el sector aeronáutico, que está ocasionando retrasos y cancelaciones de vuelos en hasta 27 aeropuertos de Argentina.
"Esta medida de fuerza se da en el marco de acciones de despidos, del proceso de transferencia de funciones y todo sin ningún marco de diálogo establecido que nos permita transitar esta etapa sin conflicto", explicó Marcelo Belelli, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Desde el Gobierno esgrimieron que el paro de los trabajadores de los aeropuertos no afecta a los vuelos ya que se trata de una medida de los empleados estatales de la ANAC.
Esto no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los aeropuertos.
El lunes, la administración de Javier Milei oficializó la declaración de “servicio esencial” a la actividad aérea, que había sido anunciada el viernes de la semana pasada.
La medida se puso en marcha a través de la publicación en el Boletín Oficial de los Decretos 825 y 831.
Establece que “conforme a las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) resulta legítimo requerir un servicio mínimo en aquellos que son de importancia trascendental para el país y/o en huelgas en sectores de alta importancia que por su duración o magnitud pueden producir daños irreversibles, poner en peligro la salud o la seguridad pública, o generar consecuencias graves para el país”.
En los considerandos, se indicó que “la interrupción del servicio público esencial de aeronáutica civil aerocomercial puede generar consecuencias graves” para el país, “amenazar la seguridad o salud de la población, afectar el suministro de insumos esenciales y dificultar la conectividad y el comercio local e internacional”.
El Gobierno remarcó que “la afectación del referido servicio repercute en toda la cadena de valor del transporte aéreo y en las múltiples industrias que dependen de manera directa e indirecta de este medio de transporte de personas y mercancías para su normal desarrollo”.
Y argumentó que “con el fin de evitar daños y perjuicios a los usuarios y a los consumidores que sufren las consecuencias de los conflictos colectivos, así como a las actividades económicas que utilizan el servicio aerocomercial para su correcto funcionamiento, resulta necesario instrumentar un régimen de prestaciones mínimas que permitan garantizar un equilibrio en el goce de las libertades involucradas”.