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Greenpeace

Greenpeace denunció vínculos entre el Gobierno y agroquímicas

23 de marzo de 2017 - 16:43

La ONG ambientalista reconocida a nivel mundial manifestó que existe un fuerte "lobby empresario" detrás del proyecto de nueva ley de semillas, porque existen al menos 30 conexiones entre las compañías del sector y funcionarios de Casa Rosada.

La organización presentó una investigación donde deja expuesta las relaciones entre el poder político y las compañías de agroquímicos, a través de empresarios del sector que directamente asumieron en cargos en el Estado.

Asimismo, Greenpeace afirma que el proyecto de ley impulsado por la administración macrista propicia "un modelo que concentra el control de las semillas y los alimentos en pocas manos".

"Quién controla las semillas, controla la alimentación", refleja el informe que publicó la organización ambientalista fundada en 1971 en Vancouver, Canadá.

En su lucha contra los transgénicos a nivel mundial, la ONG describió que la iniciativa parlamentaria fue gestado por grandes empresas de agrotóxicos y fundaciones financiadas por las mismas empresas.

Greenpeace alega que esta nueva ley, impulsada por el Gobierno Nacional, pretende limitar el uso libre de semillas para beneficio de las grandes empresas.

A su vez, el proyecto, enviado al Congreso en octubre de 2016, no contempló ninguna de las solicitudes de agricultores familiares, campesinos, indígenas, académicos y universidades, según el estudio privado.

La ONG exhibió que al menos 30 funcionarios tienen vínculos con oligopolios de la industria química, referenciados en Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60% del mercado mundial de semillas y el 65% de las ventas mundiales de agrotóxicos.

"Una ley de semillas que da más poder a empresas agroquímicas solo puede traer más contaminación para los pueblos fumigados, más destrucción de bosques nativos y menos alimentos saludables accesibles para toda la población", dijo Franco Segesso, miembro del área de campañas de Greenpeace.

En su denuncia, la entidad sostuvo que el lobby empresario actúa en sectores diplomáticos, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en amplios sectores del agro argentino.

Algunos de los funcionarios señalados son el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile; el Jefe de Gabinete de Agroindustria, Guillermo Bernaudo; y la Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable del mismo ministerio, Beatriz Giraudo.

Asimismo, el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el diputado nacional, Pablo Torello; el senador nacional, Alfredo De Angelis, entre otros.

La investigación presentada por Greenpeace ilustró que "el lobby es ejercido hacia los funcionarios públicos que tienen vínculos con las empresas o por medio de asociaciones que las representan".

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, conformada por más de 50 organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas, rechazó cualquier modificación a la Ley de Semillas vigente (n° 20247).

Y reclama esa multisectoral que los senadores y diputados detengan "las maniobras que benefician a los actores del agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación de los argentinos".

En un comunicado, Greenpeace recordó que un reciente informe de las Naciones Unidas alertó, también, que la industria agroquímica está dominada por este grupo reducido de empresas transnacionales que ejercen poder sobre la agenda regulatoria, las iniciativas legislativas y la investigación agroquímica a nivel mundial. 

Más detalles en: https://goo.gl/8GmYJz

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