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SUSCRIBITE El Gobierno nacional anunció un acuerdo con la cadena de comercialización de soja a través del cual se establece que sea el Estado la única entidad encargada de evitar el mercado ilegal de semillas patentadas por la multinacional estadounidense.
De esta manera, se termina un duro conflicto entre los productores, la empresa y el Poder Ejecutivo.
En una rueda de prensa, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buyraile, explicó que el entendimiento se negoció entre las empresas semilleras y la dirigencia del campo.
El acuerdo tiene validez mientras se piensa en una nueva ley de semillas para el año que viene.
En febrero, Monsanto había sido denunciada por la Federación Agraria Argentina por cobrar un canon a la soja comercializada que contuviese tecnología patentada por la multinacional.
La firma obligaba a los productores a pagar una tasa variable al descargar su cosecha de soja en puertos y centros de acopio si se comprobaba que los paquetes de grano comercializados contenían al menos un 10% de su tecnología Intacta.
Los productores argumentaban que ya pagaban por esa tecnología patentada por la multinacional al comprar la bolsa de semillas genéticamente modificadas, por lo que un canon extra suponía una posición dominante de Monsanto en el mercado y contradecía la ley de semillas vigente.
Tras tensas negociaciones que forzaron al presidente y CEO global de la multinacional, Brett Begemann, a viajar hasta Argentina para reunirse con el ministro, la empresa decidió no comercializar dicha tecnología al país austral.
"Desde nuestro punto de vista, el Estado es el único que puede fiscalizar y controlar este comercio", explicó el titular de Agroindustria al respecto.
Buryaile anunció que el Instituto Nacional de Semillas (Inase), liderado por Raimundo Lavignolle, será el encargado de efectuar esta fiscalización.
En el caso de que la institución, después de los correspondientes controles, certifique la ilegalidad de las semillas, se impondrán sanciones de acuerdo con la legislación vigente.
Según Buryaile, las empresas que crean que pueden tener derechos de propiedad intelectual sobre las semillas "podrán reclamar como corresponda", al tiempo que reiteró que estas medidas tienen vigencia únicamente para la campaña de comercialización de soja 2015-2016, mientras preparan la nueva ley.
"Este año tendremos una nueva ley de semillas acordada entre todos los actores", ahondó el dirigente, quien precisó además que el nuevo texto legal conciliará que los productores puedan "beneficiarse de los resultados de la tecnología" y que la cadena semillera obtenga su reconocimiento por la inversión realizada.
Desde Monsanto celebraron las medidas tomadas por el ministerio y reconocieron que la decisión es "un paso en la dirección correcta", al tiempo que valoraron que el Gobierno argentino haya reforzado su compromiso en reconocer la propiedad intelectual para cada uso de la tecnología.
En un comunicado, la multinacional afirmó que esos son los principios necesarios "para la demostración de un ambiente de negocios predecible", aunque se mostraron expectantes ante cómo puede quedar el acuerdo después de que termine la campaña actual y se redacte la nueva ley de semillas.