La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion que la israelí Navitas y la británica Rockhopper llevan adelante en las Islas Malvinas.
miércoles 16 de septiembre de 2026
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SUSCRIBITEEl fallo afecta las operaciones que están realizando las compañías Navitas y Rockhopper.
El emprendimiento offshore habilitado por las autoridades británicas del archipiélago.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion que la israelí Navitas y la británica Rockhopper llevan adelante en las Islas Malvinas.
La decisión fue adoptada por la magistrada federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
La jueza hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a las petroleras abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en marcha la explotación petrolera.
La denuncia contra el proyecto Sea Lion fue presentada el 1 de septiembre por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de la ciudad argentina de La Plata (Cecim).
La orden de la magistrada incluye la prohibición de perforar el lecho o subsuelo marino, instalar infraestructura para la extracción y el transporte de crudo, y ejecutar obras e instalaciones terrestres y portuarias asociadas al proyecto.
También ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production que presenten ante la Justicia local información sobre el estado actual de ejecución del proyecto, un cronograma actualizado de sus planes, la nómina de contratistas, las entidades financieras y aseguradoras intervinientes y los estudios ambientales realizados, entre otros datos.
El proyecto ‘offshore’ (costas afuera), que prevé comenzar a extraer crudo en 2028, se ubica en la cuenca petrolera Malvinas norte, a unos 220 kilómetros de las islas, en el Atlántico sur.
Este espacio está dentro de la plataforma continental de Argentina y forma parte de su histórico reclamo de soberanía sobre el archipiélago y las aguas que lo rodean.
La denuncia presentada en Río Grande tiene dos dimensiones: por un lado, denuncia la falta de evaluación de impacto ambiental y la autorización gubernamental exigidas por la legislación argentina y, por otro, plantea la controversia sobre la soberanía y cómo el proyecto supone una acción unilateral contraria a resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa.
Navitas y Rockhopper, junto a otras petroleras que operan en Malvinas, también fueron denunciadas penalmente por el Gobierno argentino el pasado 8 de septiembre ante el juez federal Julián Ercolini, de Buenos Aires.
Tras estas denuncias, Navitas dijo en un comunicado que opera mediante licencias "válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas" y que no prevé que las acciones emprendidas en Argentina "tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo" de Sea Lion.
Por su parte, el Reino Unido afirmó en una guía publicada este martes, denominada ‘Haciendo negocios con las Islas Malvinas’, que Argentina no posee jurisdicción para aplicar su legislación interna en el archipiélago.
En paralelo, el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py dio impulso a una investigación penal contra Desire Petroleum Limited, a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli.
La causa busca reunir información sobre esa empresa y sobre el grupo Rockhopper y se originó en una denuncia presentada por la Cancillería argentina, encabezada por Pablo Quirno, con asistencia de la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio.
Mientras la causa tramitada en Río Grande tiene carácter preventivo, ambiental y civil, la investigación de Comodoro Py apunta a determinar si existieron actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a las Malvinas sin autorización argentina.
