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SUSCRIBITELa solicitud del procedimiento ante la Justicia se da en medio de una creciente crisis financiera y operativa.
La firma enfrenta deudas millonarias.
La empresa más grande de la principal avícola del país, Granja Tres Arroyos SA, pidió la apertura de un concurso de acreedores, ante el incumplimiento de compromisos financieros que derivan en deudas millonarias.
La presentación quedó a cargo del Juzgado Comercial 21-Secretaría 42 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y se suma al procedimiento ya iniciado por Wade SA, otra de las firmas del grupo GTA.
La avícola viene arrastrando problemas en los últimos años, con caída en la producción a niveles notoriamente bajos y deudas en aumento producto de cheques rechazados, lo que amenaza la sostenibilidad operativa.
La mayoría de las plantas del grupo están paralizadas o trabajando por debajo de su capacidad con despidos de por medio.
Los últimos se dieron en la planta de Capitán Sarmiento, donde se desvinculó a 700 trabajadores.
En los telegramas de despido, la empresa explicó que registra “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad”.
En el plano financiero, GTA enfrenta un pasivo total estimado en US$ 350,9 millones que también pretende reestructurar por medio de un concurso preventivo de acreedores, donde negocia quitas y planes de pago a largo plazo.
A fines de 2024, la empresa ingresó en un proceso preventivo de crisis, acelerando desde entonces los recortes internos por medio de un programa de retiros voluntarios y afrontando sus obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.
En particular, Granja Tres Arroyos SA cuenta con 6.702 cheques rechazados por más de $114.425 millones y deudas bancarias que superan los $41.827 millones, según los registros del Banco Central (BCRA).
El grueso de sus plantas están paralizadas o trabajando por debajo de su capacidad instalada y un proceso de ajuste que derivó en la desvinculación de casi el 25% de su personal, que alcanzaba los 6.500 trabajadores.
En las últimas dos semanas despidió 700 empleados de la planta de Capitán Sarmiento, 450 de la de Esteban Echeverría (WADE II) y 50 de la de Pilar. A esto se suman casi 480 operarios en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Hasta el momento, sigue vigente la conciliación obligatoria en la provincia de Buenos Aires que ordenó reincorporar a los 1200 trabajadores desafectados.
La misma vence este jueves, momento en el que se llevará a cabo una nueva audiencia entre funcionarios provinciales, los sindicatos y la empresa. La medida se puede prorrogar por cinco días más.
Según consta en los telegramas de despido, la empresa argumentó que registra “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad”.
Entre las “circunstancias extraordinarias”, la empresa nombra la gripe aviar y el consecuente cierre de exportaciones, una sobreoferta en el mercado interno, caída del precio de comercialización y suba de costos, que derivaron “en un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa”.
A esto se sumaron “sucesivas contingencias operativas y conflictos colectivos que afectaron el normal desarrollo de la actividad, profundizando la disminución de la producción y de los niveles de faena, con el consecuente agravamiento del desequilibrio económico existente”.
La empresa sostuvo que intentó tomar medidas para “preservar la continuidad de la explotación y la mayor cantidad de fuentes de trabajo”, pero que las mismas “resultaron insuficientes, tornando indispensable la reestructuración parcial de su organización y la adecuación de su dotación de personal”.
