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SUSCRIBITEEl requerimiento obedece a los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal.
El reclamo de la organización privada.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al Ministerio de Economía que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no aplique multas a las pequeñas y medianas empresas durante el período de espera de la nueva normativa.
El pedido formal incluye también la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos aplicables al sector.
La propuesta establece que, si un contribuyente regulariza su deuda dentro de los 15 días posteriores al plazo de espera, la multa se reduzca en un 50%.
En un comunicado, CAME remarcó que la sanción total solo debería aplicarse una vez vencido este último plazo sin que se hubiera cumplido con la obligación.
La solicitud llegó luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el envío de un proyecto al Congreso para modificar la actual Ley de Inocencia Fiscal.
Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también propuso una reforma tributaria para el país.
El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, explicó que se requiere "la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados".
El directivo esgrimió que la tasa de financiación debería ser "equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación" y abarcar deudas vencidas al 31 de mayo del corriente año.
La entidad gremial empresaria considera necesario atender este pedido para "fortalecer la competitividad de las PyMEs y acompañar su desarrollo sostenible".
Caputo confirmó el miércoles que enviará en los próximos días un proyecto al Congreso de la Nación para modificar la ley de Inocencia Fiscal de forma tal que incentive la canalización de ahorros en dólares hacia la inversión productiva.
El proyecto que llegará al Congreso apuntaría a modificar el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) en al menos tres puntos.
El primero tiene que ver con la posibilidad de rectificar declaraciones juradas en más supuestos que los hoy previstos.
En la normativa vigente, si la diferencia en el saldo a favor del fisco supera el 15%, el contribuyente pierde la presunción de exactitud en sus declaraciones y queda expuesto a que ARCA revise ejercicios anteriores.
Con la modificación proyectada, la ARCA podría detectar una discrepancia y darle al contribuyente la posibilidad de corregir la declaración. Si regulariza y paga la diferencia, mantiene la presunción de exactitud y el efecto liberatorio sobre los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024.
El segundo cambio apuntaría a eliminar los límites de acceso al RSG.
Actualmente, el régimen excluye a quienes superan $1.000 millones anuales de ingresos o $10.000 millones de patrimonio.
El proyecto busca suprimir esos topes para ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherirse y, con ello, formalizar ahorros en moneda extranjera que hoy permanecen fuera del sistema.
El tercer punto contemplaría elevar el monto mínimo para litigar, que hoy se ubica en 25.000 pesos. La actualización busca adecuar ese umbral a los valores actuales y reducir la litigiosidad por montos bajos, permitiendo que tanto la ARCA como la Justicia concentren sus esfuerzos en casos de mayor impacto económico.