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SUSCRIBITELa sentencia es por un monto total de 1.560 millones en la moneda común del Viejo continente.
Más problemas para Argentina en los tribunales internacionales.
Argentina deberá pagar 310 millones de euros para poder apelar un fallo desfavorable por una demanda presentada por cuatro fondos de cobertura, vinculada a deudas nominadas en euros, según ordenó un tribunal de Londres.
Para apelar una sentencia en contra dictada en 2023 por 1.560 millones de euros deberá realizar ese depósito de garantía.
Los abogados de Argentina argumentan que no se le debería exigir ese pago.
La decisión fue tomada por el juez Stephen Phillips, lo que representa aproximadamente el 20% del total reclamado.
El magistrado afirmó que "existe un riesgo muy alto de que la República encuentre los fondos para apelar tanto ante este tribunal como, si se le permite, ante el Tribunal Supremo, pero que no pague la sentencia si no tiene éxito".
Phillips dio de plazo a Argentina hasta el 5 de abril para abonar la suma.
El Gobierno presentará este jueves ante los tribunales de Nueva York los documentos de apelación del fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país a pagar una indemnización de u$s 16.000 millones a Burford Capital y Eton Park por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012.
El 11 de octubre último, Argentina notificó a la justicia neoyorquina su decisión de apelar el fallo en primera instancia emitido en septiembre por la magistrada que obliga al país a abonar un resarcimiento de u$s 16.000 millones.
La discusión pasa por la forma en que se nacionalizó la petrolera al comprar el 51% de las acciones de Repsol sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
Burford Capital había adquirido los derechos de litigio al accionista minoritario de YPF Petersen por el 61% de sus tenencias.
Petersen Energía, de la familia Eskenazi, había comprado el 25,4% de YPF a Repsol entre 2008 y 2011.
El argumento de Argentina que se mantuvo durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández- fue que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue irregular y que la jurisdicción en donde se debía resolver el conflicto es la Argentina, pues es allí donde se radica YPF.
En diciembre, con el cambio de gobierno, la Procuraduría del Tesoro de la Nación solicitó posponer la fecha para presentar los documentos de apelación del juicio, originalmente prevista para el 30 de enero.
"La nueva administración argentina necesita ponerse al día sobre las cuestiones del recurso, comentar el escrito de apertura e instar a los abogados. Debido a la necesidad de esta prórroga, la República no puede cumplir la condición de este Tribunal (de presentar los documentos para apelar) antes del 30 de enero de 2024", señala el escrito enviado por el Gobierno.
El pedido fue aceptado el 11 de enero último y el tiempo para presentar los documentos fue extendido hasta hoy.