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RIGI

Aprobaron una inversión de US$ 230 millones para un parque eólico en Olavarría

La central alcanzará una potencia instalada de 94,5 MW.

Somos Pymes | Redacción Somos Pymes
Por Redacción Somos Pymes 16 de noviembre de 2026 - 11:36

El Gobierno nacional aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Parque Eólico La Rinconada, con una erogación de más de 230 millones de dólares.

Detalles del proyecto

La central eólica estará ubicada a 40 kilómetros de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, y alcanzará una potencia instalada de 94,5 MW.

El parque se vinculará al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI) mediante la nueva Estación Transformadora “La China” de TRANSBA, situada en un predio lindero.

El objetivo es abastecer el proceso productivo de la empresa siderúrgica Siderca en la localidad de Campana.

Al estar destinada al consumo industrial local, la empresa no declaró exportaciones ni solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas por ventas al exterior.

La empresa desarrolladora formalizó una inversión total de US$ 230.754.206, de los cuales US$ 218.287.463 corresponden a activos computables.

El esquema de desembolsos prevé computar US$ 110.630.000 durante el primer año y US$ 1.430.000 durante el segundo.

En cuanto a los plazos, se fijó el 31 de marzo de 2027 como fecha límite para alcanzar el monto de inversión mínima exigido por el régimen.

Además, se estipuló el 23 de octubre de 2026 como la fecha de adhesión al RIGI y adquisición de derechos.

Tras la aprobación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) procederá a generar un CUIT especial para el Vehículo de Proyecto Único (VPU) y aplicar los incentivos tributarios y aduaneros, mientras que el BCRA instrumentará los incentivos cambiarios correspondientes.

Proveedores, inversiones y divisas

El PoderEjecutivo introdujo modificaciones a la reglamentación del RIGI que afectan a los proveedores locales, los plazos de inversión, el proceso para fusiones y el ingreso de divisas.

La medida, instrumentada mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial, busca aportar mayor claridad en la implementación del régimen, agilizar la integración de proveedores locales y regular procesos de reorganización empresarial.

El decreto modifica la reglamentación para establecer un nuevo parámetro sobre quiénes son considerados proveedores locales.

En el caso de las personas jurídicas, la condición se determinará exclusivamente por su constitución y domicilio en el país, sin considerar la nacionalidad ni la residencia de sus accionistas o la composición de su capital social.

De esta manera, una empresa extranjera que tenga domicilio en el país, podrá calificar como proveedor local. La modificación apunta a dinamizar la inclusión de empresas radicadas en el territorio nacional.

Asimismo, se mantiene el requisito de que los bienes provistos cumplan con las reglas de origen nacional del MERCOSUR.

Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, la norma sustituye el inciso i) del artículo 47 fijando una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables exigido al proyecto único.

Con este cambio, se distingue formalmente el cumplimiento del monto global de inversión respecto de los compromisos de inversión previstos para cada etapa individual, evitando superposiciones normativas entre los hitos temporales por etapa y la meta general del proyecto.

También se reglamentan los procedimientos ante cambios de estructura en los Vehículos de Proyecto Único (VPU).

Por un lado, se estableció que la adquisición de acciones o cuotas de un VPU por parte de terceros no altera los derechos del régimen, pero no podrá computarse como inversión en activos computables para cumplir con las metas mínimas.

En paralelo, se habilita la cesión de participaciones o ingreso de nuevos miembros.

La operación deberá ser notificada a la autoridad de aplicación en un plazo de 15 días corridos desde su inscripción, contando el organismo con 30 días corridos para formular observaciones.

Además, se autoriza expresamente la reorganización societaria mediante la transferencia integral de activos y obligaciones hacia una Sociedad Anónima (SA) o Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

Esta transferencia mantendrá la fecha de adhesión original y sus derechos sin considerarse una nueva adhesión al RIGI.

La normativa también adecua las condiciones del Banco Central (BCRA) para el acceso al mercado de cambios.

Ahora se permite computar como divisas liquidadas no solo las ingresadas directamente por el VPU, sino también aquellas provenientes de aportes de no residentes o endeudamientos externos liquidadas por accionistas o socios.

Sobre este aspecto, el decreto determinó que para ser consideradas, los fondos deben destinarse de forma efectiva al Proyecto Único y contar con registros contables que garanticen su trazabilidad.

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