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SUSCRIBITE Inversores que administran casi 7.000 millones de dólares de deuda soberana reestructurada dijeron que están dispuestos a negociar con tenedores de bonos que no ingresaron a los dos canjes previos del Gobierno nacional, con el objetivo de poner fin a la disputa judicial que mantienen el Estado desde que declaró el default en el 2001.
Mediante un comunicado, la firma Linklaters, asesor legal del grupo denominado Tenedores de Bonos Canjeados, dijo representar un 30 por ciento de la deuda reestructurada en circulación administrada por más de 20 gestores de activos.
El comité que lidera la iniciativa "está trabajando activamente con Deutsche Bank y se encuentra en proceso de formalizar un compromiso con Deutsche Bank para que asesore al Comité en relación con la estructuración de una transacción entre acreedores", informaron oficialmente.
El grupo fue formado para presentar una oferta para resolver la disputa con los "holdouts", aquellos fondos que no quieren participar en la reestructuración de la deuda, sólo un 7 por ciento del total de los acreedores.
Linklaters fue contratado en diciembre por un grupo de administradores de activos que participaron en los canjes de 2005 y 2010, impulsados por la administración kirchnerista.
El año pasado, una corte estadounidense ordenó a Buenos Aires pagar a los denominados "fondos buitre" 1.300 millones de dólares, al mismo tiempo que paga el capital y el interés a los bonos canjeados, algo que a lo que el Gobierno nacional no accederá. Por tal motivo se prolongó el juicio entre ambos en la Justicia estadounidense.
Gramercy Funds Management es un importante miembro de los esfuerzos de la comisión ad-hoc. En noviembre, dijo que quería llegar a una solución y evitar un cese de pagos por parte de Argentina.
Los inversores resistentes son los fondos liderados por NML Capital Ltd, unidad de Elliott Management Corp de Paul Singer, y Aurelius Capital Management.
Los acreedores que poseen cerca del 93 por ciento de la deuda impaga acordaron participar en los canjes de deuda el 2005 y 2010, y el Gobierno mostró voluntad de pago en este aspecto.