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SUSCRIBITE El secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauspe, destacó que las empresas del sector "podrán transformar su crédito comercial en crédito financiero, ya que tendrán la opción de hacer efectivo el monto de sus facturas y contar así con mayor flexibilidad en los plazos para obtener liquidez".
El régimen de factura de crédito electrónica (factoring en inglés), implementado desde marzo, "rige hace años con diferentes modalidades en otros países de la región, y en Chile, por ejemplo, a diez años de vigencia ya representa el 10% del PBI", indicó el funcionario del Ministerio de Producción y Trabajo.
Según Inchauspe, el mecanismo busca favorecer a gran cantidad de PYMES proveedoras de grandes empresas, que "históricamente sufren del estiramiento de los plazos de pago, lo que perjudica sus finanzas, sus posibilidades de invertir y de crecer".
Con la nueva herramienta de financiación las PYMES podrán facturar dentro del mes de entregada la mercadería o el servicio y la gran empresa tendrá, a partir de la notificación de la AFIP, hasta 30 días para rechazar, cancelar o aceptar la factura.
"Se fija de este modo una fecha cierta de pago y la PYME podrá decidir si espera al vencimiento o descuenta la factura en el sistema financiero o en el mercado de capitales", indicó Inchauspe.
En marzo el régimen comenzó a regir para la industria automotriz y desde este mes se incluyen las empresas de suministro de agua y cloacas; gestión de residuos; recuperación de materiales y saneamiento público; servicios de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; y de intermediación financiera y seguros.
En junio se incorporará la industria manufacturera y los sectores de petróleo y explotación de minas y canteras; y en julio los de la construcción y de transporte y almacenamiento.
Luego, en agosto se sumarán servicios inmobiliarios; enseñanza; salud; servicios sociales, artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento; de asociaciones y personales y el sector agropecuario.
En septiembre ingresarán los servicios de alojamiento y comida; profesionales, científicos y técnicos; actividades administrativas y servicios de apoyo, información y comunicaciones.
El cronograma finalizará en octubre con el comercio mayorista y minorista, es decir, los supermercados.
Fuente: Telam