La jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, solicitó al Parlamento dar el visto bueno al proyecto que contempla sanciones a personas jurídicas por delitos de corrupción.
sábado 21 de marzo de 2026
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SUSCRIBITE La jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, solicitó al Parlamento dar el visto bueno al proyecto que contempla sanciones a personas jurídicas por delitos de corrupción.
Al disertar en el Fórum de Marketing Empresarial organizado por LIDE, la ex diputada dijo que la Argentina "necesita la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Es muy importante que se apruebe una ley que penalice prácticas de corrupción en el país y en el exterior".
Alonso (foto) consideró que la ley supone "un desafío y un gran avance" dado que "hablar de transparencia e integridad tienen que ver con cambiar la reputación del país en el mundo".
La funcionaria recalcó que, además de sancionar la corrupción, el proyecto elaborado por esa Oficina con la colaboración de expertos "introduce buenas prácticas", y recordó que entre los 41 países que adhieren a la Convención contra el soborno de la OCDE, el único que no posee una ley de esta naturaleza es la Argentina.
La demora en el tratamiento de la norma en la Cámara de Diputados tiene que ver con que los presidentes de las comisiones en las que el proyecto tiene giro (Daniel Lipovetsky de Legislación General y Gabriela Burgos de Legislación Penal) tienen algunos reparos con el texto enviado por la OA y están trabajando en un nuevo borrador.
La hoja de ruta diseñada por Lipovetsky y Burgos, que harán circular el predictamen en los próximos días, es convocar a un plenario de comisiones en mayo, con el fin de estar en condiciones de darle media sanción a la iniciativa en junio.
Alonso estuvo reunida la semana pasada en el Congreso con los referentes legislativos del oficialismo y dio luz verde a las modificaciones propuestas.
En lo que refiere a legislación comparada, diversos países como España, Francia, Estados Unidos, Chile, Brasil, Colombia y México cuentan con normativa que incorpora un régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas.
El proyecto contempla sanciones que comprenden desde multas económicas, hasta suspensión provisoria o definitiva de la personería jurídica, suspensión de la actividad, patentes o marcas hasta 10 años, pasando por la imposibilidad de acceder a licitaciones, pérdida de subsidios, y la publicación total o parcial de sentencia condenatoria por dos días en dos diarios de circulación nacional.
La normativa consigna criterios para definir la imputación de una persona jurídica, como la existencia de programas de ´compliance´ (cumplimiento de normas), y si la empresa se vio favorecida a raíz del delito o si el hecho fue en beneficio propio del autor de dicha acción.
Por otra parte, se establece la "responsabilidad solidaria" de sociedades controlantes y la "responsabilidad sucesoria" en aquellos casos en que la persona jurídica se reestructure (fusiones, escisiones, etcétera).
"El objetivo de este proyecto de ley es dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos, sanciones y mitigación de ellas por tener normas de integridad, para que las empresas prevengan la comisión de delitos e implementen programas de integridad. También se prevé la posibilidad de acordar acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos", señaló un comunicado difundido por la OA.
Fuente: NA