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Trabajadores calificados

La falta de trabajadores calificados es uno de los mayores problemas de las PYMES

31 de marzo de 2017 - 17:19

El estudio privado reflejó "el continuo crecimiento de las dificultades de las empresas menores para reclutar trabajadores de todos los niveles de calificación, pero muy especialmente de técnicos y operarios calificados".

FOP describe que el problema se agravó no sólo con respecto a 2005 -primer año de medición de la entidad-, sino que además empeoró durante el último quinquenio.

"Hay que destacar que el problema se profundiza a medida que nos alejamos del gran aglomerado urbano conformado por la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense", ilustró el trabajo sectorial.

Sin necesidad de hacer importantes cambios en la legislación, Argentina tiene la posibilidad de replicar estas experiencias internacionales, simplemente cumpliendo con el mandato de la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058 -promulgada en 2005-, que en sus artículos 15 y 16 promueve la vinculación entre las instituciones educativas y el sector productivo.

"Se trata de realizar un esfuerzo sistemático y coordinado entre las Escuelas Secundarias Técnicas y los Institutos Superiores de Formación Técnica, para favorecer la realización de “prácticas profesionales de formación” o “prácticas profesionalizantes” de los estudiantes en las empresas localizadas en sus propios territorios de residencia", aconsejaron los especialistas del FOP.

Es importante destacar que las modalidades de realización de las prácticas profesionales son varias y no sólo “pasantías”, como erróneamente se cree y la misma AFIP ha considerado -debido a que en sus formularios de inscripción de los jóvenes practicantes en las empresas contempla sólo esta modalidad, indicó el informe.

Desde la perspectiva de las experiencias internacionales investigadas por FOP, las modalidades de prácticas profesionales más interesantes a realizar en las empresas consisten en la alternancia de los alumnos entre la institución educativa y el establecimiento productivo (como las realizadas en Emilia-Romagna) u otras propuestas formativas organizadas a través del sistema dual (como las vigentes en Alemania).

Una revisión de la normativa argentina vigente permite constatar que los principales problemas de implementación de estas prácticas para las PyME son fácilmente resolubles:

1. Las prácticas no son remuneradas y las empresas que aceptan a los practicantes no tienen costos adicionales relevantes. Las normativas vigentes en las diferentes provincias, en general, estipulan que los alumnos y docentes contarán con la extensión de la cobertura de seguros y otras coberturas existentes en los ámbitos donde se realicen las prácticas a cargo del mismo establecimiento educativo. Además, se establece un fondo para cubrir los gastos de viáticos de los alumnos y docentes. Los horarios de las prácticas se contemplan dentro del horario escolar.

2. Las empresas deben garantizar que en los ámbitos productivos se cumplan las normas sobre seguridad e higiene laboral. Deben además designar un responsable interno para coordinar las actividades en conjunto con el docente a cargo de las “prácticas profesionalizantes”. Esto último podría ser un problema para las empresas más pequeñas pero existen diversas soluciones.

3. El número de horas mínimo pautado por la legislación para la realización de las prácticas profesionales es más que adecuado ya que contempla un mínimo legal de 200 horas que pueden concentrarse en el último año de estudio (además las provincias tienen la facultad de establecer sus propios mínimos: por ejemplo, Corrientes ha establecido un umbral de 280 horas).

4. Las empresas y las escuelas suscribirán acuerdos para la realización de las “prácticas profesionalizantes” (horarios, actividades, tiempos, cantidad de alumnos, etc.) y deben notificar a las autoridades del Ministerio de Trabajo jurisdiccional sobre los participantes y las características de las “prácticas profesionalizantes”. 

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