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SUSCRIBITE Tanto el empresario santacruceño como su contador Daniel Pérez Gadín, pidieron a la Justicia ser liberados, luego de ser arrestados el martes pasado, en el marco de la causa que investiga maniobras de lavado de dinero proveniente de la obra pública.
A través de sus abogados, los imputados requirieron al juez Sebastián Casanello que los excarcele.
La Justicia investiga a Báez (foto) por haber intentado integrar el dinero "al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas".
Este miércoles, el empresario cercano a la familia Kirchner eligió no declarar ante el magistrado federal pero, en un escrito, atribuyó las sumas de dinero que se vieron en cámaras ocultas de la financiera SGI a la compra de un campo en Tortuguitas.
Apelando a la misma estrategia judicial, su hijo Martín Báez y el contador Daniel Pérez Gadín, también presentaron escritos ante Casanello para evitar responder preguntas durante la declaración indagatoria.
Tras la audiencia con Casanello en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, Lázaro Báez volvió a ser esposado y remitido al complejo penitenciario de Ezeiza.
El dueño de Austral Construcciones fue imputado por el delito de lavado de dinero, bajo la sospecha de que usó facturas truchas para blanquear los millones que obtuvo de manera ilegal.
Báez y Pérez Gadin permanecerán en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, el mismo lugar donde está alojado el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, acusado por administración fraudulenta de fondos públicos a raíz de la compra de trenes a España y Portugal.
Previamente, había declarado Martín Báez, quien cuestionó la validez del video de las cámaras de seguridad de SGI.
El empresario argumentó que las operaciones que se ven en "La Rosadita", donde se cuentan cantidades industriales de dólares, podrían ser por la actividad empresarial que desarrolla su padre.
El juzgado le fijó a Martín Báez domicilio en un departamento de Barrio Norte de la Capital Federal, donde deberá permanecer durante los próximos días.
Luego, fue indagado el contador Pérez Gadin, también presente en el video de seguridad de "La Rosadita". En esa instancia, también presentó un escrito y se negó a contestar preguntas.
Otro de los que se negó a responder consultas fue el empresario Walter Zanzot, presidente de la firma Top Air y principal accionista, quien explicó su presencia en la financiera SGI, al asegurar que acompañaba habitualmente a Martín Báez en sus viajes, al igual que hacía con otros clientes.
Además, fue indagado el empresario César Fernández, ex presidente de la financiera SGI y quien también apareció en las imágenes de la cámara oculta de SGI.
Casanello le atribuye a Báez "haber ingresado, a través de su hijo Martín Báez, el día 02/11/2012 y en otra fecha aún no determinada, pero presumiblemente en los últimos meses del año 2012, dinero por una suma total aproximada de U$S 5.100.000 en la sociedad denominada SGI Argentina S.A.".
El juez afirmó que ese dinero "fue contado en el lugar en presencia de su hijo, como así también de César Gustavo Fernández, Walter Adriano Zanzot, Fabián Virgilio Rossi, Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Sebastián Ariel Pérez Gadín, junto con otros sujetos no identificados al día de la fecha, disimulando de ese modo la fuente real de los fondos para obtener su apariencia de licitud".
Según la imputación, Báez habría intentado integrar el dinero "al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas".