La ONG Bitcoin Argentina presentó un anteproyecto de ley que propone "regular el mercado de la criptoeconomía".
martes 01 de octubre de 2024
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SUSCRIBITE El anteproyecto de Ley Bitcoin indica que la responsabilidad de operar con criptoactivos y plataformas descentralizados es exclusivamente de sus usuarios.
La ONG Bitcoin Argentina presentó un anteproyecto de ley que propone "regular el mercado de la criptoeconomía".
La iniciativa apunta a preservar la descentralización y la protección del ahorro y confianza del público.
"Siempre hemos rechazado los intentos de regulación de la criptoeconomía, pero esta vez nos pusimos como meta dar una respuesta positiva, con sólo dos propósitos: preservar la descentralización y proteger el ahorro y la confianza del público", explicó el abogado y presidente de Bitcoin Argentina, Ricardo Mihura.
En un comunicado de la ONG, el letrado subrayó: "No podemos cerrar los ojos ante la cantidad de actores y proyectos deshonestos que circulan con la marca blockchain".
En su primer artículo, la iniciativa "declara que protege la propiedad y derechos sobre bitcoin todos los criptoactivos, y contempla tres categorías de plataformas de prestación de servicios y de criptoactivos: descentralizados, centralizados locales o dispuestos a dialogar con las autoridades, y centralizados globales".
Bitcoin y las categorías "descentralizadas" quedan fuera de la competencia regulatoria de la autoridad de aplicación, ya que "se las considera moneda sin curso legal y se reconoce el derecho de operar con ellas en libertad y desarrollarlas", argumentó Bitcoin Argentina.
En tanto, la responsabilidad de operar con criptoactivos y plataformas descentralizados es exclusivamente de sus usuarios.
"Esto no es porque la descentralización sea una palabra mágica, sino porque la descentralización elimina el riesgo moral, porque permite a las partes interactuar en forma directa y con la seguridad objetiva que brinda el código", explicó Mihura al exponer en Labitconf 2023.
Por su parte, a las categorías centralizadas locales se las prevé enmarcar en reglas normales de requisitos de calificación y de supervisión administrativa, y se las incentiva o "premia" con el acceso al sistema bancario y de pagos para sí y para sus clientes, la aplicación de normas generales sobre responsabilidad civil no objetiva, y la independencia patrimonial de las reservas.
Respecto de la categoría de criptoactivos y servicios centralizados globales, se les permite operar libremente pero se los desincentiva mediante hacer responsables solidarios por sus riesgos a todos los que los operen o promuevan, y a sus administradores.
"Se les otorga a los usuarios la protección judicial más amplia posible, garantizando el derecho a reclamar por daños derivados de incumplimientos y de hacerlo ante la jurisdicción local de su domicilio", explicó la ONG en su comunicado.
Por último, Mihura anticipó su disidencia a establecer prohibiciones para actuar, sobre lo cual dijo: "Argentina no tiene ninguna posibilidad de prohibir a sus residentes operar en entornos globales".
"No tiene sentido proponer una prohibición de arriba hacia abajo y optamos por proponer el derecho a reclamar ante un juez, a los responsables de provocarles un daño concreto y real; lo cual incluye a los responsables directos y a todos los que lucran en la cadena de comercialización de un fraude, hasta el damnificado final", cerró.