La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro avaló el concurso preventivo de acreedores solicitado por Wenance SA.
viernes 29 de septiembre de 2023
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SUSCRIBITE Wenance tiene actualmente unos 8.000 inversores que depositaron sus ahorros en fideicomisos por más de $35.000 millones.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro avaló el concurso preventivo de acreedores solicitado por Wenance SA.
El objetivo de la medida es el ordenamiento de los pagos a 8.000 prestamistas de la fintech, a quienes adeuda 35.000 millones de pesos, sólo en la Argentina.
El fallo revierte la sentencia de primera instancia, adoptada por la jueza Gabriela Paladín del Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, que a mediados de agosto había rechazado el pedido de la fintech Wenance para llevar adelante un concurso de acreedores, al declararse "incompetente" para decidir sobre la solicitud presentada por el CEO de la firma, Alejandro Muszak.
En aquella oportunidad, la jueza argumentó que el domicilio real de la empresa estaría en la Ciudad de Buenos Aires y no en la localidad bonaerense de Vicente López.
A la vez, aclaró que la regulación que le cabía a la empresa es la de la ley de Entidades Financieras y no la de una sociedad comercial, competencia que le cabe resolver a la Justicia federal.
Sin embargo, en el fallo de hoy, la Cámara dejó sin efecto lo decidido y declaró la competencia de los tribunales de San Isidro, tanto por domicilio como por materia.
El tribunal de apelaciones encontró que la firma es un proveedor de crédito no financiero y, por tanto, está autorizada por el ordenamiento argentino para solicitar su concurso preventivo; a la vez que subrayó que el domicilio de la empresa está en San Isidro, y no en CABA.
En los próximos días, la jueza Paladín debería abrir el procedimiento, previo análisis de los recaudos previstos en la ley concursal.
Según declaraciones de su CEO, Wenance tiene actualmente unos 8.000 inversores -entre grandes y pequeños- que depositaron sus ahorros en fideicomisos por más de $35.000 millones que no han sido devueltos, luego de que se adujeran problemas para cobrar préstamos otorgados y aumentos en el costo de funcionamiento.
En las últimas semanas anunció el despido de 200 empleados en Argentina, Uruguay y España y aseguró que la decisión de haber apelado a la convocatoria de acreedores tiene por objetivo "seguir funcionando, para de esta manera poder ofrecer las mejores propuestas de pago posibles a sus acreedores".