El Gobierno nacional giró al Parlamento el proyecto denominado "Super RIGI" y la Ley de Lobby, para regular la gestión de intereses privados ante funcionarios.
martes 26 de mayo de 2026
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SUSCRIBITEAmbas iniciativas impulsadas por el oficialismo ingresaron a la Cámara de Diputados.
Momento para el debate parlamentario.
El Gobierno nacional giró al Parlamento el proyecto denominado "Super RIGI" y la Ley de Lobby, para regular la gestión de intereses privados ante funcionarios.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el viernes pasado que se iban a girar cuatro proyectos al Congreso, de los cuales los referidos a Ludopatía y derogación de la ley de Etiquetado Frontal ya fueron enviados al Senado y ahora se suman otros dos a la Cámara Baja.
La iniciativa denominada "Super RIGI" es un sistema de promociones fiscales para el desarrollo de grandes emprendimientos.
El nuevo sistema busca incluirá a la cadena de litio; la manufactura de baterías; el Hidrógeno verde o de bajas emisiones; el GNL onshore; los SMR (reactores nucleares pequeños y medianos); la Producción de Paneles Solares y Turbinas Eólicas; los Vehículos 100% eléctricos; y nuevos productos petroquímicos;entre otros.
A diferencia del RIGI, el impuesto a las ganancias se reducirá al 15% y una amortización acelerada del 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes, y una exención de derechos de exportación.
En tanto, el proyecto para regular los "Lobby" tendrá que transparentar las gestiones que realizan las empresas o sus intermediarios antes los funcionarios y legisladores, para evitar un conflicto de intereses.
Uno de los puntos claves es la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, exigiendo declaraciones juradas sobre intereses representados y la publicidad de las agendas de funcionarios.
También fija las incompatibilidades entre ex funcionarios que deseen realizar gestiones de lobby.
Quedan incluidas las gestiones de lobby aquellas realizadas para la elaboración, derogación, e implementación de leyes, licitaciones, concesiones, o asignación de subsidios o beneficios fiscales para alguna actividad.
Según el jefe de Gabinete, este último proyecto busca "ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con que funcionarios y en beneficio de quién", por lo que consideraron que es “una clara herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.
Además, se inscribe bajo el artículo 1ro de la Constitución Nacional, el cual establece la forma republicana de gobierno, cuyo núcleo esencial está constituido por la publicidad de los actos de gobierno y la responsabilidad de sus funcionarios públicos.
Desde Nación alertaron que el ordenamiento vigente carece de un régimen integral y sistemático que regule la gestión de intereses en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, generando un vacío normativo que la presente iniciativa viene a subsanar.
“La iniciativa se orienta a establecer reglas claras que permitan transparentar el correcto funcionamiento del Estado Nacional, evitando influencias ejercidas en ámbitos opacos o reservados a unos pocos”, explicaron.
Uno de los puntos claves es la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses obligatorio y digital para lobistas, exigiendo declaraciones juradas sobre intereses representados y la publicidad de las agendas de funcionarios. También fija las incompatibilidades entre ex funcionarios que deseen realizar gestiones de lobby.
En ese sentido, detallan que quedan incluidas las gestiones de lobby aquellas realizadas para la elaboración, derogación, e implementación de leyes, licitaciones, concesiones, o asignación de subsidios o beneficios fiscales para alguna actividad. Dichos reportes serán trimestrales y publicados dentro de los 10 días hábiles de la presentación.
“El presente proyecto contribuye a consolidar un esquema institucional en el que las decisiones públicas se adopten en función del interés general y bajo reglas previsibles, reduciendo espacios de arbitrariedad”, señalaron desde Casa Rosada.
Y puntualizaron que “la ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado, históricamente, espacios de opacidad que afectan la confianza en el funcionamiento del Estado y en la equidad de los procesos decisorios”.
Por lo tanto, solicitaron la aprobación del proyecto porque viene a cubrir el vacío legal en un contexto en el que la “ciudadanía demanda mayor transparencia, previsibilidad y control sobre el ejercicio del poder”.