El Gobierno nacional eliminó las normas que establecían un peso mínimo de faena en bovinos bajo el argumento que mejorará la interacción de la oferta y a demanda impulsado la producción y la baja de los precios.
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SUSCRIBITEAfirman que la medida permitirá una mejor interacción entre la oferta y la demanda.
El Gobierno nacional eliminó las normas que establecían un peso mínimo de faena en bovinos bajo el argumento que mejorará la interacción de la oferta y a demanda impulsado la producción y la baja de los precios.
Lo hizo a través de la Resolución 98/2025 de la Secretaría de Agricultura, publicada en el Boletín Oficial, que deroga la 68/2007.
La norma comenzará a regir desde el 1° de enero de 2026.
“Esta medida busca eliminar restricciones que, según la experiencia de casi dos décadas, han demostrado ser ineficientes y contraproducentes para la producción ganadera”, puntualizó la Resolución.
Desde 2007, diversas normativas buscaron intervenir en la dinámica del mercado de ganados y carnes mediante la imposición de un peso mínimo de faena.
Las últimas modificaciones, realizadas en 2018 y 2019, fijaban un piso de 140 kilogramos de res para hembras y 165 kilogramos de res para machos.
Sin embargo, la trayectoria de estas regulaciones no ha logrado mejorar de manera sostenida la productividad ni la calidad en el sector, según se argumenta desde Agricultura.
En un comunicado, el Gobierno afirmó: “Datos históricos revelan que el peso medio de faena ha experimentado importantes oscilaciones desde 1998, atribuidas principalmente a factores como las condiciones climáticas, la situación del mercado, las restricciones a las exportaciones y los precios relativos, más allá del cumplimiento de la normativa sobre peso mínimo”.
En ese sentdo, esgrimió: “La evidencia internacional indica que países que no aplican este tipo de regulaciones han alcanzado pesos promedio significativamente superiores, lo que sugiere que la eficiencia productiva no depende de tales intervenciones estatales”.
“La iniciativa responde a la necesidad de dinamizar la economía y liberar el potencial de los sectores productivos del país, eliminando trabas burocráticas y fomentando un entorno propicio para la inversión, el empleo y la innovación”, definió Agricultura.
La derogación permitirá una mayor flexibilidad en la toma de decisiones por parte de los productores, favoreciendo la interacción espontánea entre oferta y demanda.