Entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026, un total de 24.437 PyMEs cerraron sus actividades en todo el territorio nacional y se elevaron los pedidos de concursos y quiebras.
martes 09 de junio de 2026
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SUSCRIBITEMás de 320 trabajadores perdieron su empleo y avanza del estado de cesación de pagos.
La judicialización de los conflictos en el sector productivo.
Entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026, un total de 24.437 PyMEs cerraron sus actividades en todo el territorio nacional y se elevaron los pedidos de concursos y quiebras.
Así lo mostró el más reciente informe presentado por el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA).
El cese de operaciones de las unidades productivas dejó a 327.813 trabajadores sin la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.
La coyuntura industrial está caracterizada por una ruptura en la cadena de pagos que afecta la capacidad de las firmas para sostener su capital de trabajo.
El documento de IPA alertó sobre la judicialización de la crisis empresaria y el avance del estado de cesación de pagos en el entramado industrial del país.
Al respecto, Germán Alberto Pizzano, abogado del Departamento Legal de la entidad, explicó: “La crisis PyME ya llegó a la Justicia. Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales”.
Según los datos estadísticos, en el año 2023 se registraron 82 concursos preventivos, mientras que en 2025 la cifra subió a 190, lo que representa un aumento del 131,71%.
Solo en el primer trimestre judicial de 2026 se abrieron 92 procesos concursales.
El abogado señaló que “el aumento de los concursos preventivos muestra que muchas empresas están entrando en una situación de impotencia patrimonial”.
Y expresó que es una señal sobre la supervivencia de miles de unidades productivas. El informe destaca que el cierre de una empresa genera daños estructurales que van más allá del aspecto financiero.
“La pérdida de una empresa no termina en un expediente. Cada cierre arrastra empleo directo e indirecto y rompe cadenas de valor”, afirmó Pizzano.
Ante este panorama, el Observatorio IPA planteó la necesidad de sancionar una legislación de emergencia económica y productiva.
El objetivo es otorgar herramientas transitorias como la suspensión de ejecuciones judiciales, la facilitación de soluciones preventivas y la extensión de los plazos concursales para evitar cierres definitivos.
El reclamo incluye medidas que permitan recomponer el capital de trabajo de las empresas afectadas.
Desde la entidad aclararon que no se busca una reforma permanente del sistema, sino una respuesta ante la coyuntura.
Pizzano sostuvo que “se trata de una respuesta urgente y transitoria para que las empresas tengan tiempo de recuperarse y evitar que la crisis termine en quiebra”.
Para que estas medidas sean efectivas, el informe remarca que debe existir una recuperación del mercado interno y del crédito productivo.
El documento concluye que el Congreso Nacional debe intervenir para preservar el empleo y el capital nacional.
“De la respuesta legislativa depende la supervivencia de miles de compañías argentinas”, aseveró Pizzano, quien aclaró que las empresas requieren tiempo y condiciones legales para retomar la producción.