Ex ejecutivos de la petrolera estatal argentina, YPF S.A., podrían recibir bonos extras por la suma de 2.087.597.061 pesos, pese a los resultados negativos de 2023.
Para continuar, suscribite a Somos Pymes. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELos miembros del directorio de la empresa podrían recibir bonos por $2.087.597.061.
Ex ejecutivos de la petrolera estatal argentina, YPF S.A., podrían recibir bonos extras por la suma de 2.087.597.061 pesos, pese a los resultados negativos de 2023.
La empresa convocó a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 26 de abril, para considerar los resultados financieros adversos y planes futuros.
Está en el centro de la polémica la remuneración de los directivos frente a las pérdidas reportadas durante el ejercicio económico de 2023.
La asamblea analizará los estados financieros del año concluido el 31 de diciembre de 2023, período durante el cual la empresa registró pérdidas significativas.
Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia es la propuesta de consideración de las remuneraciones al Directorio, ascendiendo a la suma de $2.087.597.061.
Los ejecutivos de la petrolera podrían recibir compensaciones económicas sustanciales sin una rendición de cuentas clara ante los accionistas.
La convocatoria también incluye la elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, la determinación de su retribución y la designación del auditor contable externo para el próximo ejercicio.
Además, se discutirá la dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en relación con los planes de compensación de largo plazo al personal, un punto que enfatiza la necesidad de equilibrar la motivación del personal con la equidad hacia los accionistas.
La excusación del procurador del Tesoro se debe a que emitió anteriormente una opinión técnica en la causa.
El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, se excusó de intervenir en el juicio por la expropiación de YPF que tramita en Nueva York, por haber emitido una opinión técnica de la causa años atrás.
La excusación de Barra para actuar en el caso Petersen Energía Inversora S.A.C. y Petersen Energía S.A.U contra la Argentina y la petrolera estatal, fue aceptada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 283/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
El documento oficial explicó que la decisión de Barra se debe a que “ante una eventual actuación por su parte en dicho proceso podrían percibirse afectadas su independencia de criterio o su imagen pública, en razón de haber emitido una opinión técnica de experto en Derecho Administrativo argentino, el 11 de octubre de 2021, a solicitud del Administrador Concursal designado en los procesos concursales de las sociedades Petersen Energía Inversora S.A.C. y Petersen Energía S.A.U., radicados ante el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid, Reino de España”.
De esta manera, el Ejecutivo consideró pertinente que “con el fin de garantizar la mayor transparencia e imparcialidad en cada uno de los actos de gobierno, corresponde hacer lugar a la solicitud efectuada por el Procurador del Tesoro de la Nación por las razones expuestas como fundamento de su excusación”.
A partir de ahora la defensa argentina quedará en manos del Subprocurador del Tesoro, que debe “reemplazar al Procurador del Tesoro en caso de ausencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia”, según determina la ley 18.777 que regula al organismo.
Actualmente los subprocuradores son Andrés De la Cruz y Marcos Serrano.
En septiembre de 2023, la Argentina fue condenada por la jueza federal de Nueva York Loretta Preska a pagar US$ 16.000 millones al fondo Burford Capital, titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park.
El Estado nacional se niega a abonar dicho monto y los intereses ascienden a unos 414 millones de dólares.
Los abogados demandantes pusieron en una lista de presuntos activos embargables a las acciones de YPF en manos del Estado, las concesiones para los recursos naturales, los aviones de Aerolíneas Argentinas, bienes de Arsat, Energía Argentina (Enarsa), el Banco Nación y hasta el swap con China. Además pidieron conocer cada movimiento de dinero del Banco Central (BCRA) al exterior.
La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del país, había argumentado en febrero que Estados Unidos no puede tener injerencia para fallar sobre leyes argentinas, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas nacionales.
Argentina apeló el fallo en contra y ahora apuesta al respaldo de países latinoamericanos.
En ese sentido, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador se presentaron como "amicus curiae" para defender el argumento soberano: que las decisiones de los Estados no son judicializables en tribunales extranjeros.