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SUSCRIBITELa jueza del caso busca hacer cumplir el pago de la sentencia.
Decisiones que afectan el futuro de la petrolera estatal.
El Estado argentino le informó a la jueza Loretta Preska que le pedirá a funcionarios y ex funcionarios del Gobierno nacional que cooperen con la justicia de los Estados Unidos y entreguen el contenido de sus dispositivos móviles, tal como pidió la magistrada.
Entre ellos se incluiría el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su predecesor, Sergio Massa.
La comunicación fue planteada en un escrito elevado a la jueza, que publicado por el experto Sebastián Maril.
En esa misma presentación, Argentina le solicitó a Preska que extienda la fecha de entrega hasta el 21 de noviembre.
El pedido de la jueza es parte del proceso de obtención de pruebas (discovery) solicitado por el fondo de inversión Burford Capital (beneficiario del fallo por US$ 16.000 millones).
Tiene el objetivo legal de demostrar que el Estado argentino y la petrolera YPF son la misma entidad, un concepto conocido como "alter ego".
La sentencia original condenó a la República a pagar más de US$ 16.000 millones, pero eximió a YPF de responsabilidad.
Si se prueba el alter ego, los demandantes podrían habilitar el embargo de activos de YPF y de otras empresas públicas (como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, o ENARSA) para asegurar el cobro de la condena.
La orden judicial busca mensajes, incluyendo plataformas como WhatsApp, que sugieran que los funcionarios utilizaron canales no oficiales para emitir directivas, interferir en precios de combustibles o controlar la gestión de YPF, actuando en beneficio del Estado y no como una sociedad anónima independiente.
La magistrada había emplazado al Gobierno a presentar esos datos antes de este jueves 30 de octubre.
Incluso advirtió que si la Argentina no cumplía la diligencia, podría ser objeto de sanciones.
A última hora de este martes, la defensa argentina presentó un escrito ante el juzgado de Preska en el que le informa que va a pedir a más de 30 funcionarios y ex funcionarios que “cooperen con la justicia y entreguen el contenido de sus dispositivos móviles”, indicó Sebastián Maril, de Latam Advisors.
En el escrito, además, los abogados del país solicitaron a Preska que extienda el plazo para cumplir con la entrega de los chats y mails hasta el 21 de noviembre.