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Pulgar arriba en el Parlamento local.
Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) lograron imponer su agenda en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consiguieron la aprobación del proyecto de ley sobre "libertad comercial".
La iniciativa establece un régimen especial de simplificación administrativa para el desarrollo de actividades económicas en el distrito capitalino.
La norma plantea que los trámites vinculados con el inicio, modificación, renovación, transferencia o baja de actividades se realicen por medios digitales.
Para eso, propone crear una Ventanilla Única Digital de Actividades Económicas, que permitiría concentrar presentaciones, subsanaciones, consultas, emisión de certificados, descargos y pagos de tasas.
También contempla un Legajo Digital Único vinculado al CUIT o CUIL, con el objetivo de que la Administración no vuelva a solicitar documentación que ya se encuentre en poder del Estado.
La propuesta alcanza a comerciantes, empresas, cooperativas, profesionales independientes, asociaciones, fundaciones, consorcios, operadores de plataformas y toda persona que ejerza una actividad económica lícita sometida a controles locales.
Incorpora, además, un Catálogo Único Digital de Trámites y Requisitos. Allí deberían publicarse, de manera previa, clara y actualizada, las exigencias, formularios, plazos, tasas, inspecciones, normas aplicables y recursos correspondientes a cada trámite.
El proyecto establece que ningún requisito podría ser exigido si no figura en ese catálogo y promueve la interoperabilidad entre los registros de la Ciudad y, cuando sea posible, los sistemas nacionales, provinciales y municipales, con resguardo de las normas de protección de datos personales.
El proyecto contó con 32 votos a favor y 22 en contra. Uno de los ejes centrales es la habilitación automática para las actividades consideradas de bajo riesgo.
La legisladora y titular del bloque de LLA, Pilar Ramírez, festejó los 32 votos afirmativos logrados para la aprobación de la Ley de Libertad Comercial en la Legislatura porteña: “Hay que seguir eliminando trabas del Estado”, aseguró.
En la misma línea, agradeció a quienes "acompañaron con su voto", principalmente a las bancas del PRO, para "hacerle la vida más fácil" a los porteños que "trabajan e invierten" en la Ciudad.
"Hace tiempo que venimos trabajando en estos proyectos y hoy son una realidad", agregó.
La presentación completa de una declaración jurada y de la documentación publicada permitiría iniciar la actividad sin inspección previa, mediante una constancia provisoria.
La fiscalización se realizaría con posterioridad y la primera inspección debería concretarse dentro de los 180 días; si no se realizara por causas ajenas al administrado, la habilitación provisoria se convertiría en definitiva.
Asimismo, se establece el silencio administrativo positivo, de modo que, cumplidos los plazos sin una resolución expresa, el trámite quedaría aprobado de pleno derecho.
El régimen no alcanzaría a establecimientos sanitarios con internación, farmacias, locales bailables, espectáculos masivos, obras sujetas a permisos previos, inmuebles protegidos, actividades con sustancias peligrosas ni proyectos que requieran evaluación de impacto ambiental.
La propuesta también exceptúa procedimientos sancionatorios y autorizaciones vinculadas con la seguridad, la salud pública, el patrimonio o el uso especial del dominio público.
En todos los casos, las exclusiones serían taxativas y no podrían ampliarse por vía reglamentaria.
El proyecto promueve además el principio de mercado abierto y el reconocimiento de habilitaciones, licencias y registros equivalentes emitidos por otras jurisdicciones argentinas.
Los bienes legalmente elaborados o comercializados en otras provincias podrían circular y venderse en la Ciudad sin duplicar inscripciones o controles, aunque el Gobierno porteño conservaría sus facultades sobre seguridad, higiene, salubridad, impacto urbano y condiciones del establecimiento.
