ENARSA formalizó un acuerdo con las empresas contratistas para retomar la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.
domingo 26 de abril de 2026
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SUSCRIBITELa finalización de la obra costaría unos 5.000 millones de dólares.
Las tareas en el el complejo hidroeléctrico.
ENARSA formalizó un acuerdo con las empresas contratistas para retomar la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.
La finalización del proyecton requiere de una inversión de 5.000 millones de dólares, de acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Energía.
La medida busca destrabar la iniciativa que se encontraba virtualmente detenido por conflictos contractuales y financieros acumulados durante años.
El plan de trabajo establece como prioridad la represa Jorge Cepernic, la obra con mayor grado de avance dentro del complejo, que registra una ejecución del 46%.
Esto permite proyectar resultados en un plazo menor en comparación con el resto de las instalaciones.
El proyecto original fue licitado en el año 2013 con una fecha de finalización prevista para 2023, plazo que no se cumplió debido a sucesivas interrupciones en la obra.
El estancamiento de los trabajos generó una deuda para el Estado nacional. Según los registros oficiales, las empresas contratistas acumularon reclamos por un monto superior a los US$ 700 millones.
"La ejecución quedó atravesada por incumplimientos contractuales y falta de actualizaciones de precios frente al aumento de costos", señala el informe sobre las causas del problema.
Hasta el momento, la inversión ejecutada en ambas represas asciende a 1.800 millones de dólares.
Para completar la totalidad del complejo hidroeléctrico, se estima que se requiere una inversión adicional de US$ 5.000 millones.
La nueva planificación prevé que la central Jorge Cepernic entre en funcionamiento en el año 2030.
Una vez operativa, esta represa contará con una potencia instalada de 360 MW y aportará 1.860 GWh anuales al Sistema Argentino Interconectado (SADI).
El acuerdo alcanzado por ENARSA se produce en un contexto de regularización del sector energético nacional.
"El entendimiento alcanzado busca ordenar un conflicto que se arrastraba desde hace años y que había frenado el avance del proyecto", aclaró la misiva oficial.
Desde el año 2016, no se habían realizado las redeterminaciones de precios estipuladas en los contratos originales, lo que derivó en la detención de las máquinas.
Esta decisión forma parte de una política de ordenamiento de contratos y resolución de controversias pendientes.
El Gobierno Nacional manifestó que la reactivación respeta los compromisos internacionales asumidos por el país para el desarrollo de infraestructura.