El Gobierno nacional dispuso que las obras para expandir la red eléctrica nacional sean ejecutadas bajo el régimen de concesión de obra pública con la financiación de privados.
lunes 12 de enero de 2026
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SUSCRIBITELa ampliación del sistema eléctrico se hará “sin comprometer recursos fiscales directos”.
El ingreso de capitales al sector.
El Gobierno nacional dispuso que las obras para expandir la red eléctrica nacional sean ejecutadas bajo el régimen de concesión de obra pública con la financiación de privados.
Lo hizo mediante el Decreto 921/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La normativa dispone que las obras prioritarias del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra.
Desde el Poder Ejecutivo explicaron que “este esquema permite que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica”.
“El plan tiene como objetivo mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo”, aclaró la misiva oficial.
El Gobierno esgrimió que “se trata de una condición indispensable para mejorar la confiabilidad del sistema, acompañar el crecimiento de la demanda y permitir el desarrollo de nueva generación”.
La decisión se enmarca en la emergencia del Sector Energético Nacional (prorrogada hasta julio de 2026).
Obedece a la necesidad de cubrir las necesidades de inversión para asegurar la prestación continua de los servicios de transporte en condiciones técnicas y económicas adecuadas.
En este sentido, Nación destacó que la medida “avanza en la normalización del sector eléctrico, crea las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortalece un sistema de transporte que es clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país”.
La norma delega en la Secretaría de Energía nacional la ejecución del proceso licitatorio, incluyendo la aprobación de pliegos, la convocatoria, la evaluación de ofertas y la adjudicación de los contratos.
El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control.