La Gobernación de La Pampa anunció la presentación ante la Justicia de un amparo colectivo contra la reforma de la ley de protección de glaciares aprobada el jueves por el Congreso Nacional.
viernes 10 de abril de 2026
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SUSCRIBITELa norma aprobada por el Parlamento causó el rechazo de organizaciones ambientalistas.
Los argumentos de las autoridades provinciales.
La Gobernación de La Pampa anunció la presentación ante la Justicia de un amparo colectivo contra la reforma de la ley de protección de glaciares aprobada el jueves por el Congreso Nacional.
La norma otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales en las que se pueden permitir las actividades mineras.
"El amparo plantea la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de la ley que ha aprobado el Congreso porque lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución nacional y en convenciones internacionales", dijo en rueda de prensa el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.
Previamente, la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei, la cual permite los proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares.
Esto modifica la norma aprobada en 2010 en Argentina, que establecía la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
"Esta ley va a afectar muchísimo a todos los habitantes de La Pampa. Nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente", advirtió Ziliotto.
El mandatario provincial recordó que La Pampa no tiene glaciares pero se nutre de agua del río Colorado, en un área glacial de la Cordillera de los Andes.
"Si bien los glaciares no están en nuestra provincia, son parte de nuestro patrimonio y del derecho al acceso a un ambiente sano y al agua", sentenció el dirgente peronista.
La acción de amparo fue presentada ante un tribunal federal de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) por el Gobierno provincial, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.
La cuestión de los glaciares y la actividad minera cerca de ellos ya fue tratada por la Justicia argentina en la pasada década.
En 2019, la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la ley de protección de glaciares aprobada en 2010.
En aquel fallo, el máximo tribunal reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.
La ley aprobada ahora otorga a las provincias con glaciares dentro de su territorio la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.
El Gobierno nacional esgrimió que la modificación a la ley de glaciares era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.
Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen "reservas estratégicas de recursos hídricos" a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares "sin función hídrica relevante".
Ambientalistas advirtieron que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución Nacional.
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