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SUSCRIBITE La demora del Estado puede "derivar en el colapso de una empresa, sobre todo en el sector PYME".
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió una nota al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi, donde quedaron expuestas problemáticas registradas en el pago a proveedores del Estado, cuya mora, en algunos casos llega a los 2 años.
La entidad alertó sobre los graves retrasos en el cobro de contrataciones ya cumplidas.
Y también mostró su preocupación por las trabas para importar y cumplir contratos pendientes de ejecución.
El reclamo surge de inconvenientes relevados por la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), organización socia de CAC.
Entre los principales puntos de preocupación de las empresas afectadas está la mora, por parte de algunas reparticiones nacionales, en el pago de contrataciones ya cumplidas, sin obtener respuesta alguna a los reclamos efectuados ante la Tesorería General de la Nación (TGN) y los ministerios implicados.
"Debe advertirse que el atraso en el pago de las deudas del Estado por compra de bienes y servicios a empresas nacionales constituye una forma de financiamiento del Tesoro a costa del sector privado, sin que éste haya prestado su consentimiento o reciba contraprestación alguna, ya que este además el proveedor ha anticipado el pago de los impuestos derivados de las facturas pendientes de cobro", advirtió el comunicado.
Adicionalmente, explicó que las contrataciones estatales "no cuentan con cláusula de reajuste, por lo que la mora no solo afecta al crédito, sino que implica indirectamente un beneficio para el Estado por fuera de los márgenes de la ley".
“Existen retrasos significativos en el pago de los contratos finalizados, con facturas que se encuentran en TGN desde el mes de febrero de este año y algunas del año anterior, respecto de contratos que no tienen cláusula de reajuste, lo que representa una ruptura de la ecuación económica en perjuicio del proveedor", señaló Irma Rosales, presidenta de UAPE.
Esto también desprende otro inconveniente al momento de las cotizaciones de los servicios, ya que debe tenerse en cuenta el costo financiero implícito.
Ello provoca graves consecuencias en las cotizaciones, tanto para el Estado como para el proveedor. En procesos inflacionarios como el actual, esa demora puede derivar en el colapso de una empresa, sobre todo en el sector PYME, con la consecuente destrucción del tejido empresario y del empleo.
Otro problema relevante registrado por las empresas proveedoras del Estado son las trabas en las importaciones, siendo particularmente alarmantes las relativas a la salud de la población, incluyendo reactivos de diagnóstico destinados a los programas nacionales y provinciales de control y lucha de enfermedades como hepatitis, HIV, cáncer y controles del recién nacido, entre otros.
“El Estado nacional sigue comprando al día de hoy, sin abonar los contratos ya cumplidos, y en muchos casos, existen procesos donde se ve imposibilitado el cumplimiento por las restricciones para importar insumos derivadas de las medidas del propio Estado, con el agravante que el no cumplimiento puede implicar multa y/o sanción, y hasta suspensión del proveedor”, aseveró la titular de UAPE.
Estas dificultades se suman a las observadas en los pagos de fletes internacionales, cuyas complicaciones comenzaron a detectarse en las últimas semanas ya que su pago, como servicio, fueron incluidos dentro de las SIRASEs (permisos de importación), que afecta a las compras del exterior.
Todas las problemáticas expuestas, amén de los muy significativos perjuicios inmediatos que implican para las empresas y la población en general, contribuyen en el mediano plazo a incrementar la litigiosidad y el déficit crónico del Estado, con el consiguiente crecimiento de la presión tributaria y la informalidad.
A esto debe agregarse que el decreto 377/23 ha introducido drásticos cambios en las condiciones de los contratos ya en ejecución, que se insiste, podrían derivar en incumplimientos generados por la propia norma, situación que debe contemplarse en forma perentoria.
Por todo lo anterior, la CAC exhorta a las autoridades competentes a que en el menor plazo posible arbitren los medios para revertir este escenario.
Una administración pública eficiente y transparente, que honre los compromisos que asume, es condición necesaria para el crecimiento del sector privado y el progreso económico y social que nuestro país demanda.