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SUSCRIBITELas empresas podrán acceder a una quita de hasta 50 por ciento.
La regulación del comercio minorista.
El Gobierno nacional estableció un mecanismo de pago voluntario para los proveedores que cometan infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor con una quita de 50% en las multas impuestas si el pago se realiza dentro de los 10 días hábiles de haber sido notificado.
Lo hizo mediante el Decreto 377/2026 publicado en el Boletín Oficial.
El derecho a la reducción del monto decae de forma automática si el proveedor decide interponer un recurso de apelación contra la resolución dictada.
La norma incorpora un nuevo inciso a la reglamentación del artículo 45 de la Ley N°24.240 para implementar este incentivo, que ya existía en otras regulaciones de comercio interior y en diversas jurisdicciones locales.
El texto oficial aclaró que “el infractor podrá cumplir con la sanción impuesta, consintiendo la misma y pagando 50% de la suma fijada”.
No obstante, “en ningún caso la reducción podrá dar como resultado un monto inferior al mínimo establecido” en el régimen de sanciones de la ley, especificó la misiva.
Nación remarcó que el objetivo es “disminuir la litigiosidad administrativa y judicial” para evitar gastos tanto al Estado como a los privados.
De esta manera, se buscan reducir los costos de transacción en el mercado y alcanzar una gestión pública más ágil y eficaz en la resolución de expedientes.
El Decreto 377/2026 entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 22 de mayo de 2026.
Según la normativa, el beneficio queda sin efecto si el infractor interpone el recurso de apelación previsto en el artículo 45 de la ley.
La reducción no puede dar lugar a un monto inferior al mínimo legal previsto en el artículo 47, inciso b) de la Ley 24.240.
De este modo, se preserva el piso sancionatorio legal, evitando que el incentivo desnaturalice el régimen de protección al consumidor.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo especificó que el procedimiento sancionatorio vigente no contemplaba descuentos por pago anticipado, a diferencia de lo que ocurre en normativas locales y en otros regímenes de comercio interior, como el Decreto 274/2019.
La medida se enmarca en un contexto de reordenamiento macroeconómico, con el objetivo de:
_Reducir la litigiosidad administrativa y judicial.
_Evitar mayores costos para la Administración Pública y los proveedores.
_Promover una gestión pública más ágil y eficaz en la resolución de infracciones.