En línea con una serie de medidas orientadas a reducir el rol del Estado, el Gobierno nacional anunció la disolución de Vialidad Nacional.
domingo 22 de marzo de 2026
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SUSCRIBITESe trata del ente que regula las concesiones viales y mantiene rutas nacionales.
"Un alivio fiscal a las arcas del Estado".
En línea con una serie de medidas orientadas a reducir el rol del Estado, el Gobierno nacional anunció la disolución de Vialidad Nacional.
Se trata del ente público que regula las concesiones viales y que se encarga del mantenimiento de las carreteras del país que no están bajo administración de empresas privadas.
"El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar este martes, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial", anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Entre los argumentos para avanzar con la medida, se esgrmió que este organismo fue eje de la causa judicial por irregularidades en la concesión de obras entre 2003 y 2015 por la que fue condenada a seis años de prisión la ex presidenta Cristina Fernández.
La líder del kirchnerismo comenzó a cumplir esa pena el pasado 17 de junio bajo el régimen de prisión domiciliaria.
La conferencia comenzó con un video que repasaba las acusaciones de corrupción en el organismo.
Adorni destacó que el expediente se asentó en 51 contratos de obra pública “con sobreprecios para el contratista Lázaro Báez”.
“Hubo contratos públicos amañados, abandono de obras, ampliación injustificada de plazos”, enumeró el vocero.
Y subrayó que consta en la Justicia que “hicieron una maniobra administrativa para inyectarle liquidez a Vialidad. Un instrumento para la maniobra ilegal destinada a mover recursos”.
La CNRT pasará a denominarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas relacionadas a la fiscalización de concesiones viales.
“El Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas”, puntualizó el funcionario.
“Es un acta de defunción a la corrupción de la Obra Pública y la firmó el presidente de la Nación”, destacó Adorni en rueda de prensa.
El funcionario también resaltó el uso de las facultades delegadas que ejerció Milei, y que vencen mañana: “Decían que aprobar las facultades delegadas era ilegal, darle superpoderes a un gobierno reaccionario, que se vendía el país, armaron una tendencia en X".
"La realidad es que el Gobierno de Milei es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no solicitó ni decretó una prórroga a las facultades delegadas, como lo hizo el kirchnerismo hasta el fin de su mandato. Hoy se horrorizan frente a un Gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos causaron”, exclamó.
“Son los mismos que miraron para el costado cuando Alberto Fernández declaraba la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia pública y otorgaba poderes especiales al Ejecutivo, entre la creación de impuestos como el Impuesto PAÍS”, añadió.
Y aseveró: “En mayo de 2021, el gobierno anterior las usó para encerrar a los argentinos con la pandemia como pretexto, dejar a los chicos sin clases, cerrar las actividades productivas, prohibir reuniones privadas. El problema no es la herramienta, el problema es cómo se usa y para qué”.
En ese sentido, Adorni destacó que el presidente Milei utilizó la herramienta que caduca mañana para generar un alivio fiscal a las arcas del Estado.
“Por primera vez las facultades delegadas se usaron para aliviar la carga fiscal que recaía sobre los bolsillos de los argentinos. Los 65 decretos delegados que se promulgaron en el último año implicaron un ahorro de 2 mil millones de dólares en gastos“, concluyó el vocero.