El Gobierno decidió intervenir la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) con el objetivo de mejorar su funcionamiento y auditar sus últimos años de gestión.
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SUSCRIBITEEl objetivo de la medida es evitar la caída de la seguridad operacional.
El Gobierno decidió intervenir la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) con el objetivo de mejorar su funcionamiento y auditar sus últimos años de gestión.
Lo hizo a través del Decreto 606/2024 publicado en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo designó como interventora de ANAC a María Julia Cordero, quien hasta ahora desempeñaba funciones en la Secretaría de Transporte de Argentina.
La intervención, dictada por un plazo de 180 días, tiene como objetivos “elevar” los estándares de seguridad operacional de la ANAC, optimizar y digitalizar los procesos administrativos y auditar sus últimos años de gestión.
El Gobierno argumentó que esta medida “es impulsada debido a la degradación regional” de Argentina en materia de aviación civil.
“En los últimos años, fueron realizadas auditorías externas cuyas últimas inspecciones han identificado más de 80 hallazgos que afectan áreas como capacitación del personal técnico, información relativa a la seguridad operacional, otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones, obligaciones de vigilancia o resoluciones de seguridad operacional”, expresaron desde Casa Rosada.
Según el Ejecutivo, “mantener este nivel de situación podría desencadenar en una baja de la categoría internacional, afectando la actividad aerocomercial y generando un impacto negativo en la industria”.
El decreto aclara que el organismo continuará manejándose de manera descentralizada, en la órbita de la Secretaría de Transporte, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo a cargo de Hernán Gómez, que ahora tendrá la responsabilidad de coordinar el accionar de la Administración.
La medida implica el desplazamiento de Gustavo Marón, hasta el momento a cargo del organismo contralor de las actividades aéreas.
El miércoles pasado, se publicó un decreto que desregula el mercado aéreo comercial, lo que permitirá que nuevas empresas operen en el país.
Con la norma, se reglamentó el acceso a los mercados aerocomerciales, se habilita el ingreso de nuevos operadores, se transparentó el modo en el que se asignan las posiciones y horarios de vuelo a las aerolíneas y se optimizaron los servicios en los aeropuertos.
El decreto, además, permite digitalizar trámites, desregular los servicios de rampa en los aeropuertos y agilizar los procesos para el otorgamiento de rutas.
También habilita a quienes tengan pequeñas aeronaves a ejercer una industria lícita sin la burocracia actual que les exige los mismos requisitos de una gran línea aérea.
