Disolvieron dos fondos fiduciarios por deficiencias en la gestión

En la misma línea, graficó que “durante los años 2022 y 2023, este Fondo recibió ingresos por más de $28 mil millones, pero sólo desembolsó $33 millones” y agregó que “no existen indicadores de monitoreo que permitan evaluar su impacto, lo cual impide justificar su continuidad”.

Con respecto al FISU, puntualizó que la auditoría también “detectó múltiples irregularidades, como contrataciones sin procesos adecuados; asignación de obras a cooperativas sin antecedentes; compra de terrenos contaminados; demoras significativas; y falta de monitoreo efectivo, entre otras”.

A su vez, recordó que “el Decreto N° 193/2024 ya había reducido al 1% la asignación de recursos del Impuesto País al FISU, tributo que, además, perdió vigencia en diciembre de 2024”, indicando que “la falta de resultados concretos y el mal uso de fondos públicos llevaron hoy a su definitiva disolución”.

A pesar de consumar el cierre del mencionado fondo fiduciario, el Palacio de Hacienda aseguró que “la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), área que tenía entre sus atribuciones la administración del FISU, contará con una partida presupuestaria destinada puntualmente a continuar en forma transparente las obras correspondientes”.

Irregularidades en la gestión

El Gobierno argumentó que ambos fondos fiduciarios “registraban un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, por lo que se imponía como una decisión necesaria para “garantizar el uso eficiente de los recursos públicos”.

Desde Economía, remarcaron que “con estos cierres, ya son 24 los Fondos Fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión de sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente y eficiente de los recursos públicos, alejándose de los estándares requeridos para una administración responsable”.

Además, destacaron que “con estas medidas, el Gobierno reafirma su voluntad de lograr una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al bienestar común, garantizando el uso racional de los recursos públicos y fortaleciendo el control sobre las finanzas públicas”.

El Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica fue constituido en el marco de la Ley N° 23.877 de 1990, para “financiar proyectos de investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador”.

El Fondo de Integración Socio Urbana, por su parte, fue creado por el Decreto N° 819/2019 para promover la urbanización de barrios populares. Sobre este último, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló en su cuenta de X que “se convirtió en la palanca de gestión de varios líderes piqueteriles, en particular de Juan Grabois, con los resultados que están a la vista”.

En este sentido, sostuvo que “la solución a la problemática de los barrios populares no es dinero público y corrupción sino darle un verdadero derecho de propiedad a sus habitantes que, sorprendentemente, la Ley 27.453 les niega”.

Además, afirmó que “el kirchnerismo es así: prefiere tenerte de rehén del dinero público que darte la libertad para poder construir tu propio futuro” y estimó que “solo cuando llevemos la libertad y el capitalismo allí, Argentina tendrá una posibilidad de revertir el déficit habitacional que crearon 50 años de populismo”.