En un contexto marcado por intensas discusiones sobre el futuro del trabajo y el rol de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en la economía argentina, la dirigencia PyME mostró su preocupación ante el proyecto de Ley Bases impulsado por el Gobierno. Este proyecto, que busca establecer los fundamentos legales para diversas áreas, ha generado debates acalorados en torno a su impacto en el sector productivo nacional.
El presidente de la Confederación General Empresaria de la Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, representante de una de las voces más influyentes en el ámbito PyME, destacó ante las consulta de este medio la importancia de revisar minuciosamente el artículo relacionado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), argumentando que podría perjudicar gravemente a la industria nacional. Según el dirigente, esta medida podría restar competitividad a las empresas locales frente a la importación, creando una situación de desigualdad impositiva que afectaría negativamente a la industria nacional.
"Creemos que realmente quita competitividad con respecto a todos los empresas que quieren importar. Los beneficios impositivamente, creemos que es un artículo que tenemos que discutir, y la industria nacional tiene una gran obligación. Y la sociedad de tratar de discutir este tema para que no salga, para que justamente podamos competir en igualdad de condiciones como se pretende. Sino aquellos que pretenden el producto importado y tienen años de no pagar nada, excesiones impositivas, realmente es una competencia desleal hacia la industria nacional", explicó.
Por su parte, el presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), Fabián Castillo señaló que el proyecto de Ley Bases también plantea preocupaciones en materia laboral. Desde la entidad estiman la necesidad de buscar equidad en las leyes laborales, adaptándolas a las necesidades y realidades actuales del mercado, y la importancia de proteger tanto a los empleadores como a los empleados, evitando situaciones que puedan perjudicar a ambas partes y afectar la estabilidad laboral en el sector comercial, uno de los principales generadores de empleo en el país.
"Y lo que representa para nosotros una ley que está conformada del año 1763 con todos los perjuicios que ha pasado, ya quedó obsoleta esa ley. Y acá lo que tenemos que buscar es una equidad como nosotros ya tenemos, quizás con el sector del sindicato de comercio o otros sindicatos que se escuchan de un lado y al otro. Otros son los generadores más importantes en la Argentina de trabajo legalmente establecido que es el sector comercial. Y obviamente nos preocupa lo que le viene pasando al empleador y al empleado. Porque la verdad que esto es una cuestión que perjudica ambas partes. Perjudica en esto de no dar más trabajo del que quizás puede llegar a dar el empleador por el tema este, crucial de estas formas que hay de ejecutar. Ciertas cuestiones que ni siquiera son de cuestiones de principios", explicó Castillo.
"Si no tienen que ver con las cuestiones legales. Uno si tiene una necesidad de tomar una persona o un empleado lo capacita, le da todo lo que tiene que tener. Y después termina con un problema que muchas veces ha pasado y sigue pasando que para una PyME, una MIPyME que son las más chicas, se termina poniendo en valor su principal fuente de ingreso que es su industria o su comercio. Y ahí termina perdiendo tanto el empleado como el empleador. Así que realmente los que nos tienen preocupados y se ocupados es que se entienda qué es lo que estamos diciendo. No estamos en contra de nadie, nos estamos poniendo a favor de todos", concluyó el dirigente.
En tanto, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se observa con buenos ojos ciertas modificaciones propuestas en el ámbito laboral, como la eliminación de multas y la extensión del período de prueba para los trabajadores. Sin embargo, también se plantean preocupaciones respecto a aspectos tributarios, como el aumento de la cuota en las categorías más bajas del monotributo y la moratoria fiscal.
En este sentido, el vocero de la CAME, Salvador Femenía destacó la importancia de implementar una moratoria fiscal amplia y flexible para permitir que las PyMEs puedan regularizar su situación impositiva y liberarse de deudas acumuladas. Además, hace hincapié en la necesidad de "revisar el tema del impuesto a las ganancias y considerar la situación particular de regiones como la Patagonia, donde los costos de vida son elevados y podrían requerir un tratamiento impositivo diferencial para garantizar la equidad en todo el país".
"La modificación es en la parte laboral que son esas principalmente que nosotros tomamos como positivas, y en cuanto a la parte tributaria, los aumentos de los límites del monotributo para que haya más posibilidad de facturación de mayores montos. Lo que si que vemos como inconveniente el aumento de la cuota en las categorías más bajas, la moratoria fiscal, porque es muy necesaria porque hay un gran stock de deuda de impuestos de las PyMEs y estamos en un período de transición donde no hay embargo por parte de la AFIP hasta el 31 de julio. Es muy importante que antes de esa fecha, cuando se vuelvan a habilitar los embargos, esté la moratoria para que las PyMEs se puedan acoger y liberarse de estas deudas. Con un plan de pagos muy amplio", explicó.
El proyecto de ley bases del gobierno ha generado diversas opiniones y preocupaciones entre la dirigencia PyME, destacando la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección del trabajo nacional, la competitividad empresarial y la equidad tributaria. En un escenario económico complejo, estas voces buscan participar en el proceso legislativo para garantizar un marco normativo que promueva el desarrollo sostenible del sector y la economía en su conjunto.