La jueza Loretta Preska confirmó el 10 de enero como fecha para que la Argentina presente garantías y de esta manera evite embargos durante la apelación del fallo por la expropiación de YPF.
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SUSCRIBITELa jueza Loretta Preska confirmó el 10 de enero como fecha para que la Argentina presente garantías y de esta manera evite embargos durante la apelación del fallo por la expropiación de YPF.
Con esta decisión, y como no se han presentado avales, desde hoy, jueves 11 de enero, los demandantes -Burford Capital y Eton Park- podrán comenzar con los pedidos de embargos de activos ubicados en los EE.UU. y en el resto del mundo.
El Estado argentino fue obligado a pagar una indemnización de US$ 16.100 millones en septiembre pasado por la sentencia en contra por el juicio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF.
El Gobierno tenía plazo hasta ayer para presentar avales de garantía y evitar embargos durante el proceso de apelación.
De esta forma, como los avales no han sido presentados y con este fallo el aplazamiento de la fecha negado, el Estado argentino corre el riesgo de recibir embargos en sus bienes y activos, como ya le ha ocurrido tiempo atrás en el juicio con los fondos buitres tras la salida de la convertibilidad.
En esa oportunidad, retuvieron 77 días en Ghana a la Fragata Libertad y para que no retengan el Tango 01, el avión presidencial, muchos vuelos se hicieron en aviones privados cuando las autoridades viajaban al exterior.
El CEO de Latin Advisors y especialista en el caso, Sebastian Maril, comentó en su cuenta de X parte del fallo de la jueza donde responde a parte de las razones que invocaba el país para lograr un nuevo aplazamiento de la fecha.
"La Jueza Preska le está diciendo al Gobierno argentino que se simpatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país, pero también le "recomienda" que empiece a preparar la hoja de ruta para resolver el caso por la expropiación de YPF.", sostuvo.
Ahora el Estado argentino, que es representado en la causa por el estudio Sullivan & Cromwell, tiene la posibilidad de continuar con el proceso de apelación del fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Para ello deberá presentar el 22 de febrero el escrito con los argumentos por los cuales los jueces de segunda instancia deberían darle lugar y revisar la sentencia de Preska.
El Fondo Monetario Internacional confió en que el Gobierno logre el respaldo político suficiente para avanzar en el Congreso con la ley ómnibus, por entender que ese proyecto tiene "importantes aspectos fiscales".
Así lo señaló este jueves la vocera del organismo, Julie Kozack, en una conferencia de prensa en la que resaltó que en el país "hay un gran paquete legislativo, la ley ómnibus, que está siendo considerado por el Congreso. Tiene importantes aspectos fiscales y, por eso, esperamos que las autoridades sigan construyendo consensos políticos para que los puntos claves de esta normativa se aprueben".
También sostuvo que el presidente Javier Milei "está implementando un ambicioso plan de estabilización, anclado en una amplia consolidación fiscal, acciones para reconstruir las reservas internacionales, corregir los desequilibrios de precios relativos, fortalecer el balance del Banco Central y crear una economía más simple, basada en reglas y orientada al mercado".
Con relación al acuerdo que se anunció en la noche del miércoles, la funcionaria comentó: "se llegó a un entendimiento sobre un conjunto de políticas fuertes que busca recuperar la estabilidad macroeconómica y poner al programa actual nuevamente sobre rieles, luego de que sus objetivos centrales no se cumplieran por mucho margen, debido a severos reveses en las políticas en los últimos trimestres de 2023".
La portavoz afirmó que el paquete acordado "incluye un incremento en la asistencia social para proteger a los más vulnerables".
El nuevo programa contempla básicamente un superávit primario del 2% del PBI para este año y una meta de acumulación de reservas de US$ 10.000 millones para fines de 2024, bajo ese compromiso, el FMI desembolsará US$ 4.700 millones, una vez que el directorio otorgue el visto bueno.