La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró su respaldo general al proyecto de reforma laboral de 180 artículos, pero planteó objeciones sobre cinco puntos específicos.
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SUSCRIBITELa entidad detectó un riesgo de desfinanciamiento de las cámaras representativas.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró su respaldo general al proyecto de reforma laboral de 180 artículos, pero planteó objeciones sobre cinco puntos específicos.
La entidad sostiene que, si bien la actualización de los convenios es necesaria, los cambios propuestos en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 podrían generar inestabilidad en el sector productivo.
La organización privada puso el foco sobre la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Según el presidente de CAME, Ricardo Diab, “estos convenios, si bien hay que retocarlo o mejorarlo o actualizarlo, no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”.
En una entrevista radial, el directivo manifestó que desarmar el entramado actual sin una transición adecuada “generaría más caos que soluciones en este momento”.
En particular, el titular de CAME se refirió al artículo 128 sobre la quita de obligatoriedad de los aportes patronales.
El dirigente señaló que esta medida dejaría a las cámaras en una “desigualdad absoluta” frente al sector sindical.
El proyecto “tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”, aclaró.
La entidad remarcó que la falta de estos recursos afectaría los programas de formación profesional que imparten en todo el país.
“Gracias a las capacitaciones que nosotros hacemos, hay muchas empresas o pequeños comercios, unidades productivas que se han sostenido con nuevas habilidades”, aseveró Diab.
Por otro lado, subrayó que la aplicación de los artículos 130, 131 y 132 “puede traer conflictos legales futuros”, según el análisis de sus asesores jurídicos.
Ante este escenario, representantes de la confederación ya han mantenido reuniones con “la mayoría de los legisladores, senadores que tienen de la comisión y otros también”, además de diversos gobernadores.
El objetivo de estas gestiones es que el Poder Legislativo contemple estas observaciones antes de la votación definitiva de la norma.
