El Gobierno formalizó la adjudicación de la concesión de nuevos tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales.
martes 28 de julio de 2026
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SUSCRIBITELa adjudicación formalizada por las autoridades tiene un plazo de 20 años.
Cuatro tramos estratégicos de la “Red Federal de Concesiones-Etapa II-B”.
El Gobierno formalizó la adjudicación de la concesión de nuevos tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales.
Lo hizo mediante la Resolución 1149/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública comunicando las empresas que pasarán a administrar cuatro tramos estratégicos de la “Red Federal de Concesiones-Etapa II-B”.
El proceso licitatorio determinó a los ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.
Los corredores concesionados suman más de 2.500 kilómetros, los cuales se dividen en los Tramos Mediterráneo (Ruta nacional 7 y 35), Puntano (Ruta nacional 8, 36, A-005 y 193), Portuario Sur (Ruta nacional 9 y 188), Portuario Norte (Ruta Nacional 9, 33 y A-008).
Las empresas ganadoras fueron:
Tramo Mediterráneo: adjudicado a la unión transitoria de empresas CREDITECH S.A.-PLANTEL S.A., con una tarifa ofertada de $1.989,67 (sin IVA).
Tramo Puntano: otorgado a BASAA S.A.-CECOSA S.A., por un valor de $1.440,08 (sin IVA).
Tramo Portuario Sur: también asignado a CREDITECH S.A.-PLANTEL S.A., con una oferta de $1.256,03 (sin IVA).
Tramo Portuario Norte: quedó en manos de la firma CPC S.A., con una tarifa de $1.856 (sin IVA).
La adjudicación se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa Corredores Viales como “sujeta a privatización”.
Posteriormente, el Decreto 97/2025 autorizó el procedimiento para su privatización total bajo la modalidad de concesión de obra pública.
El objetivo de estas concesiones no solo abarca el mantenimiento y reparación de las calzadas, sino también la ampliación de la infraestructura y la posibilidad de realizar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.
Con esta modalidad, el Ejecutivo busca delegar en el sector privado la gestión de importantes nodos viales en busca de aplacar las crecientes quejas por el estado de las rutas que presentan falta de mantenimiento y se vuelven inseguras para transitar.
