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SUSCRIBITE Argentina contó con el apoyo de la Casa Blanca en su intento de proteger la inmunidad soberana de sus activos en el exterior, durante la audiencia mantenida el lunes ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en el marco del litigio contra los capitales especulativos por el pago de la deuda.
Durante poco más de una hora, los jueces del máximo Tribunal estadounidense sometieron a interrogatorio a abogados de las dos partes en disputa para conocer los argumentos sobre los límites a la inmunidad soberana de los bienes extranjeros, en particular los de un Estado soberano.
Tras la audiencia, la Corte debe emitir sentencia respecto de la decisión de un tribunal inferior que obliga a Argentina y a dos bancos a listar sus bienes en Estados Unidos y otros países para garantizar el pago a fondos que poseen bonos argentinos en default desde 2001.
El abogado Jonathan Blackman, representante de Argentina, argumentó que la ley estadounidense sobre bienes soberanos extranjeros "categóricamente protege con inmunidad" esos activos ante la posibilidad de liquidación judicial.
Sin embargo, el juez Stephen Breyer señaló que "la ley es específica sobre la liquidación, pero no dice una palabra sobre la presentación de evidencias (sobre la propiedad de los bienes. Discovery, en inglés). La pregunta es: ¿por qué no se puede pedir evidencias?".
Por su parte, el letrado Theodore Olson, que representa a los fondos buitres, dijo que "Argentina fue capaz de conseguir dinero en Estados Unidos aceptando respetar las leyes. Pero se niega a presentar evidencias" sobre sus bienes.
En respuesta, el juez Breyer remarcó que no es posible aplicar de forma generalizada ese principio, ya que bienes de tipo militar o diplomático están claramente protegidos por la norma vigente.
La posición argentina recibió el apoyo in situ de Edwin Kneedler, viceprocurador general estadounidense, quien aseveró que validar la exigencia a Argentina para que detalle sus bienes es "contrario a los principios fundamentales de la reciprocidad internacional".
Según fuentes cercanas al encuentro entre las partes, el arribo del funcionario de la Casa Blanca fue recibido con frialdad por los nueve miembros del tribunal, al punto que el juez Antonin Scalia mencionó que el caso en discusión precisamente buscaba "evitar interferencias".
La corta presentación de Kneedler expuso de forma verbal la posición de Estados Unidos ante la posibilidad de que la máxima corte del país obligue a otra nación a listar todos sus bienes.
"En una situación recíproca, Estados Unidos estaría muy preocupado ante la necesidad de presentar evidencia sobre sus bienes", apuntó el alto funcionario estadounidense, dejando clara la preocupación de Washington sobre las repercusiones futuras de este caso.
Tras este encuentro, no hay fecha establecida para que la Corte se pronuncie sobre esta cuestión.
Eric LeCompte, director del grupo no gubernamental JubileeUSA, opinó que los argumentos presentados dejaron constancia que "el comportamiento de los fondos especulativos es predatorio, es para conseguir lucro a costas de los pobres".
"Nos gustaría una decisión de la Corte que indique de forma clara que este comportamiento hiere a los más pobres y al sistema financiero internacional", explicó el directivo.
El abogado Oscar Corres, quien estuvo presente en la audiencia, expresó que si bien los indicios dados por los magistrados del máximo tribunal no ofrecieron una visión de su posición, "creo que va a salir a favor de Argentina" dada "la importancia" de lo que concluya del caso respecto a las reestructuraciones de deuda en el futuro y porque "hay países muy interesados en el tema".
Este lunes, la Corte Suprema escuchó la posición argentina en el juicio donde el país enfrenta a fondos buitre en la causa denominada "discovery mundial". Más adelante, el máximo Tribunal deberá decidir sobre la cuestión de fondo entre las partes: la forma en que Argentina debe cancelar su deuda soberana, especialmente luego de que el Gobierno reabriera el canje una vez más, en el 2013.
El Estado nacional lanzó ya dos canjes, en 2005 y 2010, donde el 93% de los acreedores acordó la manera de cancelar la deuda en cesación de pagos desde 2001.
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