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SUSCRIBITE La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, la cual desliga al Estado nacional de compensaciones por los daños que puedan producirse a través de las prestadoras de servicios públicos.
La votación de la cuestionada ley tuvo 129 a favor, 105 rechazos y dos abstenciones.
Durante el debate, la oposición criticó que el tema no figurara dentro del nuevo Código Civil y coincidió en que el Gobierno busca una "autoamnistía" para sus funcionarios.
También se cuestionó que la Nación "invite a adherir" al proyecto a las provincias, al considerar que podría haber reglamentos diferentes para casos similares dentro del país.
Sobre el cierre de la discusión, el vicepresidente del bloque del FpV, Pablo Kosiner, aclaró que la iniciativa del Gobierno "tiene base constitucional, que es más importante que discutir si está dentro del Código Civil o no".
"La Constitución nos habilita a lo que estamos haciendo", agreó el salteño.
En contraposición a esa postura, el titular del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que "probablemente esta ley sea declarada inconstitucional, porque va a obligar a los ciudadanos a tener que recurrir al peregrinaje de la justicia".
"¿Qué va a pasar si una provincia establece que tiene una reparación integral y otra solo daño directo inmediato?", se preguntó el legislador de la UCR, al señalar que cada distrito "va a ser libre de legislar y los ciudadanos van a tener soluciones distintas según el lugar donde vivan".
A su turno, la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, enfatizó que si se aprueba esta norma "va a ser declarada inconstitucional", al tiempo que indicó: "Estamos asistiendo al quiebre del estado de derecho".
Ademas, dijo que forma parte del "acuerdo" que denunció entre el Gobierno y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que en principio -según Carrió- había sido por la ley de Medios.
El jefe de los socialistas, Juan Carlos Zabalza, agregó: "Estamos frente a un proyecto para nosotros inaceptable, por la decisión del oficialismo de restringir la responsabilidad del Estado por los daños que sus funcionarios o sus concesionarios, por actos ilegítimos, causen a los particulares".
La norma fija la responsabilidad del Estado "por los daños que su actividad o inactividad produzca a los derechos o patrimonio de las personas".
En el caso de los servicios, estipula que "no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiendo un cometido estatal, cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada".
Para los casos de demanda en su contra, el Estado admitirá un plazo de "tres años computados desde la verificación del daño".