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SUSCRIBITE El máximo tribunal declaró inadmisible un planteo de la Secretaría de Comercio Interior contra un fallo que había dejado sin efecto una multa por 500 mil pesos que impuso a la consultora Ecolatina, por confeccionar sus propios índices de inflación.
La Corte declaró inadmisible un recurso de la Secretaría contra un fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que dejó sin efecto la disposición 179/2011 mediante la cual "se había impuesto a la empresa Latín Eco S.A. una multa de $ 500.000 por infringir el artículo 9 de la ley 22.802 al dar a publicidad un determinado índice de precios al consumidor, el que, a juicio de la Administración, carecía de suficiente sustento técnico y evidenciaba graves errores en su elaboración".
El tribunal superior no estudió el fondo de la cuestión sobre si estaba bien o no la multa sino que consideró que no había fundamentos para intervenir en el tema, con lo cual quedó firme el fallo del a Cámara Contencioso que anuló las mismas.
En su voto, el juez supremo Enrique Petracchi afirmó "que es igualmente infundada la queja según la cual la empresa sancionada, al difundir el índice".
"El apelante no ha demostrado que la publicación en cuestión sea idónea para engañar y,como consecuencia de ello, para inducir a contratar a la consultora", sostuvo.
"En primer lugar, el principal destinatario de esa supuesta "publicidad indirecta" no seria el público consumidor final de productos y servicios, sino -en todo caso- aquellos comerciantes que estimen necesario asesorarse sobre la evolución de ciertos precios de la economía o requieran los estudios de mercado que pudiera ofrecerle la consultora", dijo Petracchi.
"En segundo término, la evolución de los principales precios de los productos y servicios de una economía no constituye -por obvias razones,:-o un "dato completamente ajeno a los consumidores, ni mucho menos a los comerciantes, aunque en ambos casos no se tenga conocimiento de la dimensión exacta de dicha variación de precios", agregó.
En este contexto, se mantiene la denuncia penal de Guillermo Moreno contra algunas consultoras, como como Finsoport y Ferreres, por medir inflación.
Recientemente, el secretario de Comercio Interior fue procesado por el juez Claudio Bonadio por abuso de autoridad por aplicar multas a las consultoras.
Los datos de inflación que elaboran esas empresas conforman el índice de precios que, mensualmente, dan a conocer diputados de la oposición.