El secretario de Comercio Interior apeló la sentencia por abuso de autoridad que le impuso el juez Claudio Bonadio por haber multado a la consultora Finsoport S.A.
sábado 21 de marzo de 2026
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SUSCRIBITE El secretario de Comercio Interior apeló la sentencia por abuso de autoridad que le impuso el juez Claudio Bonadio por haber multado a la consultora Finsoport S.A.
La firma que conduce el economista Jorge Todesca realizó mediciones mensuales de precios en forma paralela al INDEC, lo que molestó a Moreno.
Mediante un escrito presentado por su abogado, el funcionario calificó el procesamiento del magistrado federal como "arbitrario" y requirió a la Cámara Federal que revoque el dictamen.
En la misiva, el defensor Alejandro Rúa manifestó que por el hecho que fue procesado Moreno, ya había sido investigado en 2012 por el juez federal Julián Ercolini, por lo que no podía volver a ser investigado en base a la misma imputación.
Asimismo, aseguró que la multa impuesta a las consultoras privadas fue en el marco de la ley y con los procedimientos que fija la misma al imponer las sanciones.
Moreno fue procesado el pasado martes por Bonadío quien además le trabó un embargo sobre sus bienes de 50 mil pesos.
En su dictamen, el juez comparó los índices de precios evaluados por la consultora Finsoport y los que calculan varias provincias, Ante ese escenario, remarcó que los privados "hallan correlato con la realidad, extremo que a la luz de la información colectada, es indiscutible".
"Queda claro que la supuesta falta de seriedad técnica o de la cantidad de medios utilizados por las consultoras en general y de Finsoport S.A. en particular, de cara a la obtención del IPC o aún su deliberada falsedad- se diluye ante lo concreto de la similitud de los guarismos inflacionarios comparados".
Además, sostuvo que esos guarismos "no pueden suponerse obtenidos mediante un proceso de simple adivinación sino con una técnica que, a la luz de sus resultados, permitió arribar a la paridad de resultados estadísticos antes establecida, aún teniendo en cuenta la necesaria diferencia de infraestructura que media entre una consultora privada y un ente público".
La causa se inició tras una denuncia hecha por el economista Jorge Todesca, como presidente de "Finsoport SA Economía y Finanzas", quien aseguró que fue víctima su empresa de "una ilegítima e ilegal sanción pecuniaria, pretendiendo con ello disfrazar lo que consideraban la ejecución de un delito por un lado, y por el otro intentando acallar toda voz profesional que difiriera con los intereses políticos de los funcionarios denunciados".
Para Bonadío "los funcionarios excedieron las facultades de las cuales disponían, sin cortapisa de ningún tipo en cuanto al objetivo procurado, que no era otro que silenciar a Finsoport SA de publicar índices que elaboraban, ni mesura alguna en cuanto al medio elegido".