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SUSCRIBITE Las empresas vinculadas a la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) volvieron a reclamar a la Secretaría de Energía que publique un nuevo precio de venta de la tonelada de biodiesel que “satisfaga todos los costos operativos aplicables a la producción" ante la advertencia de iniciar acciones judiciales en consecuencia.
El nuevo reclamo se produjo tras darse a conocer ayer el quinto aumento de combustibles que se implementa desde agosto, que incluye la actualización impositiva y el margen comercial de las petroleras, pero que no fue acompañado por un nuevo precio de los biocombustibles, que es el único regulado.
A través de las cartas enviadas por 30 socias de la Cepreb, las empresas resaltaron que “en el transcurso del año 2020 sólo un aumento irrazonable, arbitrario, discriminatorio e ilegal del 10%, no habiéndose publicado tampoco precio alguno para noviembre y diciembre del corriente”.
De acuerdo a la presentación realizada por las empresas a la Secretaría, la falta de actualización de los precios durante el transcurso del año “tornó financiera y económicamente inviable la continuidad operativa de la actividad” y puso a las compañías “en una situación de quebranto y desaparición”.
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La recomposición del 10% de octubre pasado “fue hecha a sabiendas de que no resultaba suficiente siquiera para cubrir la compra de la materia prima y demás insumos básicos, resultando las petroleras las únicas y exclusivas beneficiarias de este aumento ya que pudieron trasladar el mismo al surtidor sin tener que comprar volumen alguno” de biocombustible, agregaron en el documento firmado por cada empresa en forma individual.
En vistas de lo detallado, se solicitó a la Secretaría de Energía publicar dentro de las próximas 48 horas un nuevo precio “razonable” que se ajuste a “la metodología de fijación de precio que se enmarca en la Ley 26.093 y sus normas reglamentarias y complementarias”.
De no modificarse la situación, las empresas sostuvieron que estarán "en la obligación de iniciar acciones” para “obtener por vía judicial el reconocimiento de los derechos que esa Secretaría de modo arbitrario, ilegal y discriminatorio nos está cercenando”.
No obstante, aclararon: “No es la intención judicializar esta cuestión por lo que apelamos a la razonabilidad y el entendimiento de la Secretaría”.
Fuente: Telam