El Gobierno seguirá apuntando a democratizar la Justicia tras revés en la Corte

El Gobierno seguirá apuntando a "democratizar" la Justicia tras revés en la Corte

El Ejecutivo nacional anunció que respeta el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró el martes inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, pero dejó en claro que no cesará en su intento de reformar al Poder Judicial.

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"Nosotros somos una república representativa, así lo dice la Constitución Nacional, y no puede ser que la gente vote en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo y para elegir a los abogados y académicos que después van a elegir a los jueces no pueda", expresó el ministro de Justicia, Julio Alak (foto) al respecto.

El funcionario reconoció que el Gobierno esperaba "que la Corte sacara una sentencia más democrática", por lo que tildó de "aristocrático" el sistema actual de elección por su propios pares de los integrantes del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de designar y destituir a jueces.

Pese a las malas noticias, el Gobierno mantiene "el desafío de democratizar el único poder que el pueblo no tiene posibilidad de votar", reiteró el ministro de Justicia, quien recordó que "las luchas por la democratización nunca han sido fáciles".

El máximo tribunal declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley conocida como "reforma de la Justicia", iniciativa recientemente aprobada por el Parlamento, por la que se introdujeron cambios en la regulación del Consejo de la Magistratura.

Los ministros de la Corte también declararon inconstitucional el decreto por el cual el Gobierno realizó la convocatoria para la elección de candidatos a consejeros, que iba a efectuarse en simultáneo con los comicios legislativos del próximo 27 de octubre.

Los cambios en el Consejo de la Magistratura eran el aspecto más polémico de un conjunto de reformas en el Poder Judicial impulsadas por el oficialismo argentino, seriamente cuestionadas por partidos de oposición y asociaciones de magistrados y de abogados, para quienes suponían una "partidización y politización" de la Justicia.