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Entrevista

Entrevistas de trabajo: pedir antecedentes puede ser tomado como discriminante

5 de marzo de 2019 - 09:49

Las empresas suelen consultar a los abogados laboralistas si pueden solicitar al postulante a un puesto de trabajo la presentación de antecedentes penales y crediticios, y en realidad, hacer esto puede llevar a la compañía a juicios por discriminación por parte del candidato, a excepción de casos especiales como cuando va a manejar dinero o la seguridad.

Además, una resolución del año pasado del Ministerio de Trabajo prohibió negarle empleo a personas que hayan cumplido condena, detalla Dolores Olveira en una nota para cronista.com.

"Como práctica general, no es aconsejable requerir certificados de antecedentes policiales, penales y/o crediticios, ya que esta práctica podría ser considerada discriminatoria y violatoria del derecho a la intimidad y privacidad del candidato, derechos garantizados por el artículo 19° de la Constitución Nacional", dijo Carolina Piatti, de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.

Además, la Ley de Contrato de Trabajo prohíbe la discriminación del empleador. En efecto, el artículo 17° de esa ley prohíbe al empleador realizar cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religión, política, gremial o edad.

El artículo 73° impide que el empleador realice, al tiempo de la contratación, durante la vigencia del contrato o con vista a su disolución, encuestas, averiguaciones o indague sobre la opinión política, religiosa, sindical, cultural o preferencia sexual del trabajador, agregó Piatti.

En el supuesto que el postulante registre antecedentes penales y/o figure como deudor de sumas dinerarias, y pueda demostrar que alguna de dichas causas es el motivo de su no contratación por la empresa, podría iniciar un reclamo por discriminación con fundamento en la Ley Antidiscriminatoria, la cual considera discriminatorio a todo acto u omisión por causas de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

El pedido de antecedentes penales o crediticios podría limitarse a puestos que por la sensibilidad de las tareas a realizar por el candidato, como por ejemplo personas a cargo de la seguridad de bienes o personas, o del manejo de dinero u otros valores de contenido económico, resulte necesario conocer dicha información, es decir, solo respecto a casos puntuales y específicos, pero no como regla general, remarcó Piatti.

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Por lo tanto, la intensidad en la búsqueda de los antecedentes dependerá del nivel de responsabilidad requerida por el puesto a cubrir, enfatizó Piatti.

La Resolución 11-E/2018 dictada por el ex Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prevé que los antecedentes penales de las personas que hayan cumplido la totalidad de su condena, no podrán ser causa de restricción para el otorgamiento de empleo.

Por ese motivo, las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por motivos de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia o responsabilidades familiares o antecedentes penales de quienes hayan cumplido la totalidad de su condena.

Si un postulante incurrió en un ilícito penal y cumplió su condena, no está imposibilitado ni inhabilitado para trabajar. Consecuentemente, si el empleador realiza diferencias con fundamento en dicho supuesto, podrían ser consideradas discriminatorias.

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