Se oficializó la intervención estatal en el mercado de telefonía celular

El Gobierno nacional puso en regla la decisión de dejar sin efecto las licitaciones de nuevas frecuencias de la red 3G para telefonía móvil, que serán operadas por la empresa estatal Arsat. Lo hizo a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.

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Mediante esta medida, el Poder Ejecutivo canceló el concurso público para la adjudicación de frecuencias destinadas a la prestación de los Servicios de Comunicaciones Personales y Radiocomunicaciones Móvil Celular, que se inició oficialmente el año pasado.

De esta manera, el Poder Ejecutivo devolvió las garantías de oferta presentadas por los oferentes, que eran cinco, de los cuales solo uno (la empresa Claro) estaba en condiciones para subastar.

En la resolución de la Secretaría de Comunicaciones, el Gobierno aclaró que la "mínima concurrencia de postores en la etapa de Subasta Pública", constituye una "situación que es contraria con los principios que informan el procedimiento elegido en el caso, como propender a la competencia entre operadores y fomentar el ingreso de nuevos prestadores".

Por ese motivo, argumentó que "teniendo en cuenta la relevancia de la asignación del espectro objeto del concurso, recurso escaso cuya utilización se rige por criterios de eficiencia y, en definitiva, el interés público en ello involucrado, corresponde dejar sin efecto el procedimiento de selección por razones de oportunidad, mérito y conveniencia".

Además, el texto oficial remarcó que "es política del Estado Nacional proveer los medios necesarios tendientes a lograr un mejor desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, procurando un mayor beneficio para los usuarios".

"Uno de los objetivos primordiales es que los emprendimientos que se realicen a nivel sectorial promuevan la inversión y la generación de empleo, incentivando la generación de valor en todos sus niveles, no estando la planificación y administración del espectro ajena a estas políticas pública", añadió.

Esta decisión fue anticipada ayer por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien destacó que la intervención del Estado en el negocio de la telefonía celular apunta a "equilibrar" el mercado.