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SUSCRIBITE Los legisladores de la provincia de Buenos Aires sancionaron en la madrugada del martes los proyectos de Presupuesto General de Gastos y Recursos, Endeudamiento y ley Fiscal Impositiva correspondiente al año 2019.
En votación dividida, en ambos recintos, pero por amplia mayoría el oficialismo logró los votos necesarias para avanzar con el tratamiento de tres proyectos en conjunto.
El presupuesto 2019 da prioridades al impulso de la obra pública, el fortalecimiento de la inversión social y las mejoras en seguridad.
El proyecto que envió la gobernadora, María Eugenia Vidal, a la Legislatura contempla gastos por $929.000 millones, un pedido de endeudamiento de $68.000 millones y de emisión de letras por parte del Tesoro del orden de los 8.000 millones de pesos.
La proyección de ingresos por todo concepto es de 889 mil millones y la inversión prevista de 55 mil millones, 35 por ciento más que en 2018.
En 2019 la inversión social va a ser prioridad, según resaltaron voceros oficiales. Las políticas públicas que permiten avanzar con mejoras en educación, salud, jubilaciones, pensiones, desarrollo social y seguridad representan el 67,4% de las erogaciones presupuestadas.
Por tercer año consecutivo se prevé continuar con el superávit corriente que para 2019 será del 0,2% del Producto Bruto Geográfico de la Provincia (PBG). El déficit que se mantiene responde a la inversión en obras.
Esto, se aclara, quiere decir que si no se estuvieron ejecutando las obras de infraestructura no se tendría déficit.
La novedad del presente presupuesto es que este año se contemplan transferencias de subsidios de servicios públicos que el Gobierno Nacional trasladó al Gobierno Provincial.
Así, por aquello, el Presupuesto 2019 prevé transferencia de gastos a la provincia por parte de la nación y, al mismo tiempo, previa una transferencia de la provincia del orden de los $12.984 millones a los municipios en distintos conceptos.
Por un lado, se trasladaba a los municipios unos $8.000 millones por la tarifa social eléctrica, que hasta ahora paga Nación; $2.450 millones por subsidios al transporte; y $2.500 millones para el sostenimiento de la Ceamse, gasto que impactaba íntegramente en las arcas de los municipios del conurbano.
También se pretende controlar el juego online que hasta ahora funcionaba sin regulaciones por parte del Estado, intención que en principio no presenta acuerdos de implementación pero que rápidamente se destrabó a partir de coparticipar lo recaudado, que se estable entre el 1 y 3% de lo global, a los municipios, es decir un 16,14% de lo recaudado irá para los 135 municipios de la provincia.
Con todo esto, el déficit de este año será de $40 mil millones, sin las transferencias sería solo de $12 mil millones, y se mantiene en 0,6% del producto, porcentaje muy similar al de los años 2018 y 2017 que fueron de 0,5% y 0,6% respectivamente.
Para el próximo año se prevé, entonces, un endeudamiento en los mercados de crédito de $68.500 millones. Es el pedido de deuda más bajo de esta gestión: en 2016 fue 2,13%, en 2017 fue 1,43%, en 2018 fue 1,24%, y en 2019 es 1,06% del producto.
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En materia impositiva se disminuyen impuestos distorsivos que perjudican la actividad económica y la generación de empleo, según se estimó en el mensaje de elevación.
Se propone bajar alícuotas de Ingresos Brutos: para la producción primaria la reducción será de 1,5 a 0,75%; construcción de 3 a 2,5%; servicios de 5 a 4,5%; transporte de 3 a 2%; comunicaciones de 5 a 4%; servicios inmobiliarios de 6 a 5%; electricidad, gas y agua de 4 a 3,75%.
Esta disminución significa una transferencia del sector público al privado productivo de $10 mil millones, según las propias estimaciones oficiales.
Respecto al juego, además del aumento que ya se había efectuado sobre ingresos brutos, ese tributo paso del 12% al 15%, este año se suma un impuesto del 2% a “los premios” de máquinas tragamonedas.
Por otra parte, se contempla también la disminución del impuesto sobre ingresos brutos para la venta de automotores nuevos de 2,5 a 2,3%.