La Justicia procesó al secretario de Energía por desvío de fondos

Se trata de Daniel Cameron quien deberá enfrentarse al sistema judicial por incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que se lo acusa de omitir controles en los subsidios que recibió la empresa concesionaria que explotó la mina Río Turbio, en Santa Cruz.

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Fuentes judiciales informaron que el procesamiento fue dictado por el juez federal Sergio Torres, ya que Cameron integró entre el 8 de febrero de 1995 y el 25 de abril de 2002 la comisión fiscalizadora de la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio S.A. (YCRTSA), de la cual se desviaron subsidios asignados por el Estado hacia "inversiones de mediano y largo plazo".

Por la misma causa, está procesado el empresario entonces a cargo de la concesión, Sergio Taselli -quien tuvo a cargo la concesión del tren Roca-, por supuesta "administración fraudulenta", a raíz de irregularidades en el manejo de los subsidios que recibía del Estado.

Cameron y Jorge Enrich Balada son apuntados por la Justicia porque como integrantes de dicha comisión fiscalizadora no controlaron los subsidios estatales que recibía la mina.

El magistrado procesó al funcionario luego de que en las primeras imputaciones, entre ellas contra Taselli, la Cámara Federal le pidiera que revisara "la actuación de los funcionarios públicos que tenían la obligación funcional de controlar, en representación de los intereses del Estado, la actividad de la concesionaria".

Tras el procesamiento, el fiscal Federico Delgado apeló al considerar que Cameron y Balada debían ser procesados por el delito de estafa y no por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Para el fiscal, los acusados "debían custodiar el interés público delegado en el concesionario", pero en cambio "toleraron la significativa y múltiple gama de incumplimientos".

El representante del Estado nacional afirmó que Cameron (foto) "permitió que una concesión minera se transformara en una magnífico canal de fuga de dineros públicos hacia el concesionario".

"La tolerancia o ausencia de control, entonces, los volvió cómplices de la defraudación porque sin esa tolerancia el hecho no hubiese ocurrido", consideró el fiscal.

En esta causa, está con procesamiento confirmado el empresario Taselli por "administración fraudulenta" y en su contra pesa un embargo de 45 millones de pesos.

"La concesión del yacimiento carbonífero estuvo caracterizada por una situación registral y contable caótica, el manejo irrazonable de los bienes pertenecientes a la explotación, el desvío fraudulento de parte de los responsables de YCRT de los subsidios estatales recibidos en dirección a empresas vinculadas", había detallado la Cámara en mayo del año pasado, al ratificar el procesamiento de Taselli.

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