La Corte Suprema de Justicia declaró, por mayoría, la constitucionalidad del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias.
domingo 22 de marzo de 2026
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SUSCRIBITE La Corte Suprema de Justicia declaró, por mayoría, la constitucionalidad del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias.
El máximo tribunal decidió que una sociedad que depositaba en forma habitual sumas en efectivo en la cuenta de su proveedor debe pagar el mencionado tributo, también conocido como impuesto al cheque.
Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte dictó la resolución en la causa "Piantoni Hermanos" y resolvió, por mayoría, que las disposiciones relacionadas con el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones, resultan constitucionalmente válidas.
La empresa actora -distribuidora mayorista de cigarrillos y productos de tabaco-, cuestionó la constitucionalidad de esas normas conforme a las cuales, su operatoria, consistente en depositar, en forma regular, dinero en efectivo en la cuenta bancaria de su proveedora, constituía un sistema organizado de pago que permitía reemplazar el uso de cuentas bancarias en el ejercicio de una actividad económica y, en consecuencia, se encontraba alcanzada por el impuesto.
La Corte Suprema, por mayoría, confirmó la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había dispuesto mantener la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por medio de la cual se determinó de oficio la obligación tributaria de Piantoni Hermanos SACIFI y A con relación al mencionado impuesto.
Para justificar este fallo, los jueces Highton de Nolasco y Maqueda recordaron que de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Nacional sólo el Poder Legislativo puede crear impuestos y modificar sus elementos sustanciales.
Examinaron las normas involucradas en el caso y concluyeron que los elementos esenciales del impuesto cuestionado habían sido expresamente establecidos por una ley emanada del Congreso de la Nación y que tanto su decreto reglamentario como la resolución general 1135 de la AFIP, no habían modificado o alterado ninguno de dichos elementos ni lo habían ampliado con el fin de abarcar situaciones nuevas o no previstas en la ley, por lo que se cumplía plenamente con la Constitución.
Los magistrados consideraron que la modalidad de pagos que utilizaba la empresa actora se encontraba incluida dentro de los supuestos descriptos por el legislador y, en consecuencia, alcanzada por el impuesto.