Ese recorte del gasto político representa el 0,22 por ciento del presupuesto para la Ciudad de Buenos Aires en 2018.
El GCBA pone techo a salarios ejecutivos para ahorrar $1000 millones
La administración de Cambiemos pondrá un techo al sueldo de directivos de sociedades estatales y órganos descentralizados, mientras reparte señales hacia la Legislatura y el Poder Judicial, remarca Ezequiel Chabay en un reporte para cronista.com.
El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (foto), prepara un decreto destinado a reducir el “gasto político” de la administración porteña, con implicancias mínimas a las arcas estatales, pero con un grado simbólico significativo, en momentos en que el Estado nacional decidió recortar el 20% de su plantilla política e identificó al menos 17.000 puestos de trabajo “superfluos”.
El Ejecutivo de la Ciudad está determinado a ahorrar hasta $1000 millones hasta el final de su mandato, divido en partes iguales para los dos años por venir.
En términos presupuestarios, los $500 millones que se buscan rescatar implican un ahorro del 0,22% del cálculo de gastos y recursos previstos para 2018.
La resolución que se ultima en Parque Patricios y se verá pronto reflejada en el Boletín Oficial establecerá una “convergencia salarial” para aquellos funcionarios cuyos que ejercen cargos de directores, síndicos o revisten como personal jerárquico en sociedades anónimas y sociedades del Estado, entes autárquicos y organismos descentralizados.
Techo a los salarios
Con esta medida, ninguna autoridad superior podrá percibir una remuneración más alta de la que le corresponde a un ministro (en la actualidad, $166.000 brutos).
Por eso, desde el 1° de enero, directivos de AUSA, Sbase, Lotería de Buenos Aires (Lotba), Facoep (órgano del Ministerio de Salud) y la Corporación Buenos Aires Sur verán sus haberes reducidos de un plumazo hasta un 20%, y desde entonces congelados hasta empatar con los de los colaboradores más próximos al Jefe de Gobierno.
Ningún ejecutivo del Gobierno porteño en empresas y organismos podrá ganar más que un ministro (hoy, $166.00 brutos). Eso implicará para algunos un recorte del 20%.
A lo dicho se suma una revisión continua de las estructuras de distintos organismos. En los casos de AUSA y Sbase, por ejemplo, el nuevo diseño institucional permitirá un ahorro de aproximadamente $50 millones.
Rodríguez Larreta también prevé ahorrarse unos $60 millones si logra aprobar, el 22 de diciembre en sesión extraordinaria, la disolución de la bochornosa Agencia de Bienes, que se creó en junio de 2016 por su iniciativa, y que ha decidido finiquitar aduciendo “problemas de gestión” de su titular, Martín Villar, designado por el Ejecutivo.
Auditoría interna
La poda de estructuras innecesarias comenzó a notarse en enero de este año, luego de una auditoría que encabezó la subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del ministerio de Hacienda, Julia Domeniconi.
Con los resultados de esos estudios, Rodríguez Larreta decretó este en el transcurso del año 20 modificaciones en sus ministerios y el despido de 29 cargos de autoridades superiores y otros 87 cargos de autoridades medias, lo que representó un ahorro estimado de $200 millones.
Aunque los recortes fueron parejos, los funcionarios reconocen que en Modernización, la cartera conducida hasta hace poco por el ahora legislador Andy Freire, “hubo una reducción bastante grande”.
Los funcionarios porteños miran para otro lado cuando se les consulta si el recorte también irá hacia la planta administrativa, que ronda los 45.000 empleados, sin contar policías, médicos y docentes. Sí reconocen que continuará el plan de retiros voluntarios, al que este año accedieron entre 500 y 700 trabajadores estatales.
Legislatura, en plan austero
Las señales del Ejecutivo también repercuten en el palacio de las leyes. El nuevo administrador de la casa, Francisco Quintana, avisó que seguirá la sintonía del presidente Macri.
El ex jefe del bloque PRO y nuevo vicepresidente primero de la Legislatura definió una fusión de las direcciones generales Museos, Patrimonio y Cultura en una sola unidad, y la reducción de la Subsecretaría de Obras a una dirección general.
A su vez, Quintana prevé limitar las estructuras que se entregan a la oposición como parte de los acuerdos políticos y revisar la nómina para detectar empleados que no revisten funciones. Como en toda la administración nacional, ya avisó que no habrá bono.
En el Poder Judicial también toman nota: allí hay cerca de 2700 empleados, y rige una normativa que impide el ingreso de nuevo personal a la planta permanente. En el Consejo de la Magistratura admiten que les pidieron señales de austeridad.
Fuente: cronista.com
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