ADECUA se defiende de supuestos ataques del Gobierno nacional

El representante legal de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios, Osvaldo Riopedre, denunció que la entidad está sufriendo una "persecución política" por parte del Ejecutivo.

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"El Gobierno quiere demonizarnos, diciendo que hacemos negocios. Sin dudas, se trata de una persecución política y nos sentimos escrachados", protestó el dirigente.

En declaraciones radiales, Riopedre señaló: "a partir del enfrentamiento que tuvimos con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno (foto), cuando (la titular de ADECUA) Sandra González fue expulsada de la comisión de ética que se trataba de armar, sufrimos una serie de persecuciones, pedidos de informes e intimaciones".

La administración de Cristina Fernández de Kirchner había apuntado a una supuesta estafa convenida entre ADECUA, un juez y seis bancos, según un informe realizado por la Subsecretaria de Defensa del Consumidor.

"Pienso que a la Jefa de Estado le contaron una película distinta a la realidad y aprovechó con esto para hablar sobre la democratización de la Justicia. Los pobres jueces que intervinieron en estos casos ni nos conocen y nosotros tampoco a ellos", enfatizó al respecto Riopedre.

A su criterio, "lo que (la subsecretaria de Defensa del Consumidor María) Colombo presenta como una investigación, es en realidad documentación que acompañamos nosotros en dónde se nos pedía cuáles eran los juicios que teníamos con los bancos y demás".

"También, entre esa documentación acompañamos notas que remitimos en 2008 a Guillermo Moreno y de 2008 a 2012 a Defensa del Consumidor, al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores, donde denunciábamos que había bancos, tarjetas de créditos y planes de ahorros que cobraban un seguro de vida que no era el que correspondía, sobre el saldo deudor a la gente", replicó el dirigente.

En esa línea, detalló: "Al ver que el Estado no hacía nada sobre esto, iniciamos unas 30 acciones contra esas entidades. Algunos juicios siguen y en otros, algunos bancos quisieron acordar; algo común que se hace en el marco de un juicio, con la intervención de un magistrado y un fiscal. Lo que está en juego son 2.100 millones de pesos por año que le cobraban de forma ilegal al usuario".

"No somos la única asociación de consumidores que hacemos juicios y llegamos a acuerdos. Casi todas lo hacen, pero casualmente la única mención que se hace es a Adecua. A partir del enfrentamiento con Moreno, hemos recibido cantidad de intimaciones de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, incluso muchas ilegales porque ni están firmadas", concluyó Riopedre.

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